Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes radicales Gerardo Morales, y de la Coalición CÃvica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia, son absolutamente funcionales a las polÃticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social, en nombre de la “seguridad” de los propietarios, y del castigo a los desposeÃdos.
Diarios como ClarÃn, La Nación, y los medios de comunicación a ellos asociados, se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes aquà firmamos esta declaración, no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos crÃticos de sus polÃticas, fundamentalmente en lo que estas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minerÃa, del agronegocio, de la energÃa; e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos.
En el marco de los debates de los movimientos populares, hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologÃas utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista
Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina, que cada vez que comienza a agitarse el “fantasma” de la “violencia” por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Asà sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o el asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo BalbÃn sobre la “guerrilla fabril”, que crearon el clima para la escalada golpista.
En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito; estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos, y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la polÃtica social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los noventa hasta el dÃa de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro paÃs han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las polÃticas de hambre, exclusión, y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.
Quienes impulsan estas polÃticas de criminalización de los movimientos populares, están atacando los derechos humanos, y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales, y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora, y de sus representantes polÃticos y mediáticos.
Primeras firmas: Claudia Korol, Maristella Svampa, Norma Giarracca, Roberto Gargarella, Adolfo Pérez Esquivel, MarÃa Teresa Sirvent, Patricia Agosto, Eduardo Rosenzvaig, Alejandro Grimson, Alberto Binder, Silvina RamÃrez, Horacio Tarcus, Julian Rebón, Claudio Acuña, Alberto Teszkiewicz, Alba Gonzalez, Liliana Daunes, Atilio Borón, Roxana Longo, Sergio Onofrio, Julieta Elgarte, MartÃn Daguerre, Juan Pablo Casiello, Guillermo Almeyra, Leonardo Pérez Esquivel, Lorena Bottaro, José Luis Bonifacio, Marcelo Hernandez, Fernando Stratta, Horacio Machado Araoz, Hernán Ouviña, Mario Pecheny, Mirta Antonelli, Mauricio Torme, Silvio Schachter, Claudia Briones, Adrian Pietryszyn, Norma Michi, Juan Wahren, José Luis Coraggio, Federico Polleri, Ezequiel Adamovsky, MartÃn Bergel, Diana Mauri, Ariel Petruccelli, Pablo Bergel, Miguel Mazzeo, Mariano Feliz, Emiliano López, Osvaldo Battistini, Claudio Pandolfi, Kelly Pereyra, Paula Abal Medina, Gonzalo Moyano, Aldo Casas, Diego Di Risio, Nahuel Fernández, Patricia Collado, Maria Eugenia Errasti, Elsa Beatriz Gil, Teresa Lafitte, Leandro Andrini, Eduardo Molinari, Daniela Mariotti; Manuel MartÃnez, Mariano Pacheco, Gabriel Fernández Lopez, Javier RodrÃguez Pardo, MartÃn Obregón, José Seoane, Carlos Figari, MartÃn Gómez Garciandia, Clara Algranati, Luis Rigal, Juan Carlos Escudero, Sergio Nicanoff, Susana Etchegoyen, Inés Izaguirre, Ricardo Luis Plaul, Pedro Cazes Camarero, David Aljanati, Enrique Mases, Juan Manuel Salgado, Alicia Gutiérrez, Tamara Perelmuter, Edgardo Datri, Carolina Lebermann, LÃa Salas, Walter Flocco, Celina RodrÃguez, Enny Pulgar, Adriana Mengascini, Fernando Borroni, LAuar Nuguer, MartÃn Ogando, Juan Pablo Gelemur, Gerardo RodrÃguez, Elsa Ponce, Emilio Taddei, Ana MarÃa Fernandez, Edgar Carol, Bartolomé Fernández, Fernando Vissani, Gloria RodrÃguez, Pedro Serra, Carlos Ponce de León, Marian Sola Alvarez, Eduardo Vallejo, MarÃa Soledad Leyton, Griselda Fanese, MarÃa Mondelli, Armando Scardamaglia, Juan Carlos GarcÃa, Susana Pazo, Ana Sokol, Norberto D’Agostino y Héctor Marrese
Espacio del Cid, Equipo de Educación Popular Pañuelos en RebeldÃa, Colectivo Chico Mendes, Cátedra Abierta de Estudios Americanistas (UBA), La Colectiva Radio, Colectivo La Otra Movida, Agrupación 400 Golpes (UBA), Agrupación de Graduados Costrucción (UNiv. De La Plata), NET (Núcleo de Estudios de Trabajo y Conflictividad Social, UNR), Iconoclasistas,