“¿El principio de la solución final?”, M.Svampa, diario Crítica, 16/06/08

“¿Acaso no hay campos de internamiento en América Latina?”, me preguntó hace unos días un abogado italiano, frente a mi obsesión por el tema. La pregunta me sorprendió, pero también me pareció reveladora de una situación. En una Europa donde se expande un sentido común xenofóbico, los campos para extranjeros extracomunitarios no sorprenden tanto. Aquí Europa concentra a los migrantes “sin papeles”,  en el limbo legal que precede a su judialización, castigo y posible exclusión. El carácter de espacio segregado de estos campos de concentración, lejos de toda mirada incómoda o fiscalizadora, facilita el ocultamiento.
Como afirma Enrica Rigo en su  libro Europa de frontera (2007), existe una Europa que apunta a la construcción de una ciudadanía plena, a través de dispositivos jurídicos que abarcan a los Estados miembros. Esta es una legislación de “vanguardia” que pretende erigirse en fuente de nuevo derecho, al sugerir como horizonte la creación de una identidad posnacional. Pero existe una segunda Europa, más material, “estructuralmente abierta”, que extiende sus fronteras hacia el Sur y el Este, sacudidas por los fuertes movimientos migratorios. Sobre estas fronteras móviles hoy se despliegan nuevos dispositivos de exclusión y  tecnologías de control, focalizados sobre los cuerpos de los inmigrantes extra-comunitarios.
No hace mucho el filósofo Giorgio Agamben advertía que “el campo es el espacio que se abre cuando el Estado de excepción comienza a devenir la regla”. La suspensión temporal de un orden jurídico-político en base a una situación ficticia de peligro, deja entonces de ser transitoria y se convierte en permanente. Guantánamo es una figura extrema. Pero existen ya una multitud de casos que ilustran la extensión de la forma “campo” en el mundo contemporáneo.
 En Europa, los centros de internamiento nacieron como una zona de “suspensión”, como una medida transitoria para controlar el flujo inmigrante, pero muy pronto fueron evolucionando hacia una forma abiertamente punitiva. En 2007, según datos de la red Migreeurop, existían 174 centros, diseminados en veinticinco Estados europeos. Otras fuentes afirman que serían unos 240, ya que desde hace un tiempo la Unión Europea comenzó a externalizar el trabajo sucio, creando campos en países fronterizos o de tránsito, como en Libia y Ucrania.
En el lenguaje capcioso de los italianos, los campos no son “cárceles”, sino “centros de permanencia transitoria”. Creados en 1998 por el gobierno de centro-izquierda, cogestionados nada menos que por la Cruz Roja, están destinados a los extracomunitarios que, sin haber cometido un delito, incurrieron en una “violación administrativa”: haber entrado ilegalmente al país. El nuevo paquete de seguridad, lanzado por Berlusconi, que convierte en “delito” la inmigración clandestina y rebautiza a los campos como “Centros de Identificación y Expulsión” no hace más que agravar la cuestión. Poco se sabe de ellos, pero no es secreto que ofrecen condiciones de vida degradantes, donde abundan los vejámenes y la falta la asistencia médica y sanitaria; de ahí, los suicidios y las muertes dudosas. Un ejemplo reciente fue la muerte, en un campo de Turín, de un inmigrante tunecino por falta de atención médica, lo que generó una huelga de hambre de los inmigrantes detenidos.
A estos dispositivos punitivos, se agrega la creciente racialización de los controles, gracias a que el nuevo gobierno autorizó la creación de un comisariado especial, destinado a tratar el “problema rom”. Así, hace unos días, el vicepresidente nacional de la Obra Nómade, que desde hace años trabaja en la promoción cultural y social de los gitanos en Milán (cuyo padre y abuelo fueron deportados a los campos de exterminio nazi), hizo una denuncia gravísima. Toda su familia fue fotografiada y fichada, conforme a la actual decisión del prefecto, que prevé el relevamiento completo de los gitanos, decisión que tiene una base exclusivamente étnica. Esta medida hace recordar a las leyes raciales, que 70 años atrás, implicaron primero el rastrillamiento y luego el posterior encierro de los gitanos en campos de concentración, “los campos del duce”, de los cuales los italianos parecen tener poca memoria. Dicho sea de paso: los gitanos que estuvieron obligados a identificarse, entre ellos un sobreviviente a los campos nazis, son en su mayoría italianos…
Mientras tanto, la derecha se jacta de haberse anticipado en el endurecimiento de la política migratoria, ya que en su búsqueda de estándares comunes, la Unión Europea se apresta a aprobar nuevas directivas, propuestas por el consejo de ministros, concernientes a la repatriación de inmigrantes, el internamiento de menores y la extensión del período de detención en los campos a 18 meses. Una espiral que confirma la elección de un sendero peligroso, en nombre del paradigma del control y de la seguridad, y amenaza con tirar por la borda todo un paciente trabajo de construcción de la memoria en torno del  Holocausto.