Los debates necesarios

Por Maristella Svampa y Norma Giarracca

Hace un tiempo ya, precisamente desde sus orígenes, nos preguntábamos por qué los miembros de Carta Abierta en sus despliegues discursivos, no incluían situaciones y procesos que contrabalancearan fuertemente las medidas que el Gobierno Nacional ha tomado desde 2003 para democratizar la sociedad. ¿Por qué negar el “modelo sojero” (como tal) en su verdadera magnitud de nuevo orden económico agrario establecido por políticas públicas que avanza arrinconando, maltratando y enfermando poblaciones y devastando yungas, montes y biodiversidad? ¿Por qué no visibilizar las luchas del MOCASE, de las poblaciones indígenas en estos contextos, por qué no denunciar a gobernadores asociados a los poderes mineros, sojeros, petroleros que forman parte del mentado “orden” que deseamos modificar? ¿Cómo no advertir que un contexto en que se aúnan fuertes rupturas pero también profundas continuidades en relación al modelo neoliberal, el “orden” acrecentaría la criminalización y la violencia?
            El 2010, año del Bicentenario, anunció desde los primeros días su fatídico destino de estar marcado por muertes, desgracias y sufrimientos. Primero fue la comunidad Paichil Antreao en Villa Langostura con un conflicto por las tierras desatado en diciembre del año precedente, que llevó a decir a Osvaldo Bayer “…Me invade una gran tristeza y un indescriptible disgusto cuando me llega la noticia  pocos días antes de Navidad  [2009], los argentinos…continuaron una vez más con la agresión de los pueblos originarios en las tierras donde viven desde hace siglos”. Luego, el 15 de febrero asistimos a la brutal represión en Andalgalá, cuyo objetivo no era otro que el de custodiar los intereses de las corporaciones mineras, y en la cual operaron fuerzas represivas especiales (el grupo Kuntur), un modelo que hoy se aplica en diferentes provincias. En junio, pocos lo recuerdan ya, sucedió lo de Bariloche, que comenzó con una acción de gatillo fácil y culminó en una represión policial que costó la vida de tres adolescentes (dos en protesta) de los barrios altos de la ciudad, donde residen las poblaciones pobres y marginadas.
Y siguieron otras muertes, más represión, entre las que se cuentan el crimen de Mariano Ferreira, que develó la oscura trama de complicidad entre un modelo de sindicalismo empresarial y de precarización laboral, con sus fronteras porosas entre la mafia patoteril, el disciplinamiento sindical y los vínculos privilegiados con el gobierno. Los asesinatos del miembro de la comunidad qom y el silenciamiento por parte del Gobierno Nacional en cuanto a las responsabilidades políticas de las autoridades de Formosa, arrojaron aún más dudas acerca de la premisa gubernamental, tantas veces esgrimida en nombre de los derechos humanos, del “No reprimirás”. Por último, las demenciales escenas de cacerías y muertes en la ocupación del Parque Indoamericano mostraron a las claras que estos episodios de represión y criminalización están lejos de ser casuales o esporádicos; están lejos de ser exclusiva responsabilidad de las provincias o la ciudad de Buenos Aires y sus fuerzas represivas, en la medida en que forman parte de una misma matriz “ordenadora”, una misma razón de Estado, de la cual el responsable y garante último es, sin duda, el Gobierno Nacional.
A principios de 2010, en una conferencia de prensa por la represión en Andalgalá convocada por un conjunto de organizaciones sociales, con Adolfo Pérez Esquivel a la cabeza, hablamos desde un pequeño colectivo llamado Voces de Alerta y propusimos la creación de una red de contención para detener estos avances represivos. Interpelamos directamente a Carta Abierta para que se sumara a esto que denominamos la construcción de un “escudo humano” que apuntara a evitar, en la medida de lo posible, las represiones, criminalizaciones y muertes de hombres y mujeres que ejercen su derecho a la protesta frente a medidas o situaciones que consideran injustas. Y esta interpelación se continuó en otras oportunidades (por la defensa de la ley de protección de los glaciares, por ejemplo), porque creemos que, más allá de las diferencias o de la relación de mayor distancia o cercanía con el poder político, dicha tarea debe convocar a un arco amplio de intelectuales, artistas, gente de la cultura con vocación de compromiso público, de crítica y de construcción.
            Por eso celebramos la CA Nº 8 del colectivo (Página 12, 19 de diciembre de 2010) y nos parece sumamente auspicioso que se ponga sobre papel aquello hechos que muestran las continuidades en el presente con la matriz neoliberal consolidada en los `90. Esperamos además que CA pueda establecer la conexión entre este régimen de acumulación y distribución de la riqueza, y las condiciones de posibilidad que genera el propio Gobierno Nacional, a través de sus acciones y del mismo aparato del Estado. Que puedan exigirles cambios bajo el convencimiento de que es un derecho de los ciudadanos hacerlo, pero aún más es una obligación de los intelectuales críticos plantear un debate público que ponga en juego las aspiraciones de mejoramiento y cese del sufrimiento social de las poblaciones. Estamos convencidas de que no existe ninguna posibilidad de avanzar en la democratización de la sociedad si no se pone coto tanto al modelo extractivo (régimen social de acumulación y distribución de riqueza) que necesita dominar y doblegar bajo cualquier medio a las poblaciones que habitan esos territorios, como a las guardias pretorianas que los custodian. En fin, cualquier intelectual entrenado en el pensamiento crítico estaría de acuerdo con estas premisas, y no dudamos que éste sea el caso de muchos de aquellos que hoy integran CA.
  Norma Giarracca, socióloga, Instituto Gino Germani- UBA. Voces de Alerta
Maristella Svampa, socióloga, Conicet, Universidad Nacional de La Plata. Voces de Alerta