No es casual que en el 22 de febrero, activistas de Greenpeace hayan montado en San Juan un campamento en el acceso a las minas de Veladero y Pascua Lama, explotadas por la Barrick Gold, para exigir la aplicación plena de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Sucede que, mediante un gran esfuerzo -conjunto y coordinado desde diversas estructuras del Estado-, el Gobierno Nacional, algunas provincias cordilleranas y las grandes empresas mineras, están demorando la efectiva aplicación de dicha ley. Recordemos que la norma protege las fuentes y reservas de agua dulce en los glaciares y el área periglacial, un bien común de todos los argentinos, más allá de los orÃgenes provinciales o los intereses corporativosÂ
Como era esperable, en la provincia de San Juan, los intereses mineros obtuvieron medidas cautelares express por intermedio del Juez Federal, Miguel Ãngel Galvéz, quién suspendió -solamente en dicha provincia- los artÃculos medulares de la norma, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, de la transnacional Barrick Gold.Â
A esto debemos sumar que, por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional se resiste a la obligación legal de reglamentarla, tal como lo establece la propia norma en su artÃculo 17. El plazo para hacerlo de 90 dÃas desde su publicación en el BoletÃn Oficial se encuentra flagrantemente vencido y no hay ningún indicio de que el proceso de reglamentación se encuentre en marcha. Al contrario, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que reúne los representantes de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, estableció que “es voluntad del COFEMA no reglamentar la ley de presupuestos mÃnimos. El camino considerado como oportuno avanzar sobre el inventario sin avanzar sobre la reglamentación por el momento†(Acta de la reunión del 8 de febrero). Sin embargo, es la propia ley la que ordena su reglamentación en un plazo -repetimos- ya vencido, por lo que resulta inadmisible esta resolución que proviene del máximo consejo ambiental de nuestro paÃs.Â
En el mismo sentido, el propio Secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, declaró que la aplicación de la Ley de Glaciares está demorada porque “hay presentaciones legales por parte de las provincias, especialmente de las mineras, y ante esas presentaciones a las cuales se le ha dado curso, nosotros no podemos actuar reglamentando una ley.†Pero no nos engañemos: las medidas cautelares son sólo aplicables a la provincia de San Juan, y no impiden la reglamentación de la norma, por lo cual no hay ningún impedimento legal para que el Ejecutivo Nacional cumpla con la reglamentación y avance ya con el inventario de glaciares y ambiente periglacial. Tampoco la SecretarÃa de Ambiente de la Nación definió las áreas prioritarias para realizar dicho inventario, donde actualmente se están desarrollando actividades extractivas, que debieran alcanzar, por ejemplo, a la zona de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama.Â
Finalmente, esta estrategia se asemeja de modo deliberado a lo ocurrido con la Ley Nacional de Bosques, que tardó más de dos años en reglamentarse debido a la tenaz oposición de aquellas provincias que veÃan peligrar sus “negocios†en base a los incontrolados desmontes. Asimismo, aparece como la contracara de lo sucedido con la Ley de Medios: pero acá no son los intereses de los grandes grupos mediáticos los que aparecen expuestos, sino el de las grandes empresas trasnacionales, asociados a los gobiernos provinciales y avalados por el gobierno nacional.Â
La protesta de Greenpeace (a la cual se sumaron vecinos de las asambleas socioambientales) contra la Barrick Gold, vuelve a poner en el tapete la necesidad urgente de reglamentar y aplicar la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Cada dÃa que pasa, los proyectos mineros siguen avanzando ilÃcitamente sobre nuestras reservas y fuentes de agua dulce, sin el consenso de las poblaciones, y con la complicidad cada vez más insoslayable del gobierno nacional.Â