Monsanto y la regresión de la democracia, diario Perfil, 08/02/2014

La protesta en Malvinas Argentinas, Córdoba, contra Monsanto constituye un punto de inflexión. Los vecinos se enfrentan no sólo con la empresa que es paradigma mundial en semillas transgénicas, sino también con la transversalidad política propia del extractivismo, ya que la instalación de la planta es apoyada por la presidenta de la Nación; por el gobernador de la provincia (PJ), José Manuel de la Sota, y por el intendente radical de la localidad, Daniel Arzani. El acampe ya sufrió por lo menos tres intentos de desalojo violento. El tema no es menor: estamos ante una lucha que nos alerta sobre la peligrosa relación que hay en nuestro país entre extractivismo y regresión democrática. Como sucede con la megaminería, donde los proyectos se imponen verticalmente sobre las poblaciones, en Malvinas los vecinos denuncian que no hay licencia social, exigen estudios de impacto ambiental y su derecho a decidir sobre el emplazamiento de la planta, a través de una consulta pública. Una encuesta realizada en abril de 2013 por la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica y el Conicet mostró que nueve de cada diez personas de la localidad están a favor de que se realice una consulta popular y el 58% explicitó su rechazo a la instalación de la planta.

Monsanto recibió un golpe duro en Río Cuarto, en noviembre de 2013, cuando el intendente impidió por decreto la instalación de otra planta experimental en la ciudad, aclarando que se trataba de “una decisión política, que se basó en garantizar la paz social”. Asimismo, las principales universidades de la provincia cuestionaron que se hubiera permitido la obra sin la previa evaluación de impacto ambiental y sin audiencia pública. La Justicia ha ordenado frenar la obra civil. Lo que sucede hoy en Córdoba cuestiona a Monsanto pero también el modo en que se toman estas decisiones desde el poder político, advirtiéndonos que no se trata solamente de una discusión técnica sino de un debate más amplio, que pone en juego el derecho a decidir colectivamente sobre los modelos de desarrollo.