El derecho y la protesta social

No es extraño que el derecho abandone su promesa de igual consideración y comience a tratar a determinados grupos como sub-clases. Ello puede producirse, a veces, por el egoísmo de algunos, otras por enemistades manifiestas y, normalmente, por la mera desidia de quienes toman decisiones. Por tales medios, las desventajas que afectan a partes importantes de la población pasan a convertirse en desventajas jurídicas, que el sistema institucional implícita o explícitamente acepta. 

En dichas circunstancias, por supuesto, las víctimas del derecho no sólo tienen la facultad sino el deber de ponerse de pie frente a tales padecimientos, impidiendo que el gobierno se consolide como una fábrica generadora de indebidas desigualdades. Actuando de ese modo, los desplazados por el derecho hacen su parte en la tarea conjunta de mantener a salvo el emprendimiento cooperativo del que formamos parte. Quienes no sufrimos padecimientos semejantes, mientras tanto, agraviamos nuestros deberes de civilidad cuando dejamos solos a aquellos grupos, forzándolos a que se defiendan con las armas que no tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen. 

En esta tarea de responsabilidad colectiva –la de preservar un sistema de gobierno decente- los jueces pueden jugar un papel extraordinario, dado el lugar institucional en que fueron situados. En términos constitucionales, su obligación es la de escuchar a aquellos a quienes el sistema político excluye o maltrata, y su misión consiste en brindarles un debido amparo. En tal sentido, los jueces repugnan el deber que les compete cuando no sólo no asumen su compromiso constitucional sino que, por el contrario, lo niegan, para convertirse en verdugos de los mismos a quienes deben resguardo.

Ello es, sin embargo, lo que viene ocurriendo en la Argentina, cuando los jueces se enfrentan a los líderes de la protesta social y prestamente arremeten contra ellos, para someterlos a un proceso judicial, en lugar de apresurarse a escudarlos. Ello es lo que ocurrió, de modo pionero, en el caso “Alí,” cuando se quiso dar una sanción ejemplar a quien solicitaba comida frente a un supermercado. Ello es lo que ocurrió en “Nattera-Gatti” cuando con prepotencia, y sin cuidado argumentativo alguno, se desplazó el derecho a la protesta en nombre del derecho al libre tránsito. Ello es lo que ocurrió en un fallo notable, “Schiffrin,” cuando la Cámara Nacional de Apelación Penal sugirió que toda expresión cívica más allá del sufragio podía ser vista como sediciosa.

Casos como el de “Pepino” Fernández, de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral Mosconi, resultan, en este sentido, paradigmáticos. “Pepino” ostenta el record de causas judiciales iniciadas a partir de los cortes: 52 causas federales y 16 provinciales. En abril del presente año, “Pepino” Fernández fue detenido por orden de la justicia federal en Buenos Aires, en la puerta del Congreso Nacional, y luego de participar de una reunión con diputados. Se lo castigó entonces por la interrupción del tránsito, reduciendo sin mayores contemplaciones ni reflexión la “cuestión social” a un hecho policial. 

“Pepino” Fernández estuvo preso en la cárcel de la ciudad de Salta, junto con otros tres dirigentes, durante 40 días. Según la abogada salteña Mara Puntano, pese a que “Pepino” estaba detenido por las mismas causas y con los mismos antecedentes que los otros 3 detenidos, la Cámara Federal resolvió otorgarle, sólo a él, excarcelación condicionada a una caución personal y real. La caución personal exigía que se comprometiera a no volver a cortar rutas, mientras que  la caución real le exigía pagar $10.000. Fernández respondió diciendo que no iba a pagar la caución, sino a “esperar en la cárcel hasta que se haga justicia y no comprometer a nadie con ayuda alguna”. Finalmente, la Cámara resolvió liberarlo sin caución alguna. El procesamiento, sin embargo, continúa, pesando sobre su libertad como una permanente amenaza.

No está demás recordar que la UTD de Mosconi es una de las organizaciones piqueteras mas destacadas, tanto por su intensa labor comunitaria como por el desarrollo de emprendimientos productivos. Desde los primeros cortes de ruta, las acciones de la UTD se encaminaron a recrear un escenario de vida laboral, perdido luego de la privatización de YPF, a través de la transformación de los planes sociales en proyectos productivos. Estos incluyen obra pública (construcción y refacción de escuelas, erradicación de ranchos y letrinas, espacios recreativos), huertas comunitarias, ladrilleras, así como talleres de carpintería y herrería, y una compactadora de plástico. Representante cabal de este movimiento, “Pepino” Fernández continúa procesado y no sería extraño que la justicia federal salteña resuelva su encarcelamiento. 

Sin duda, en circunstancias en que el derecho pierde su rumbo y es apropiado por sólo algunos (quienesquiera sean ellos), no servimos al mismo obedeciéndolo ciegamente. Lo honramos, mas bien, desafiándolo. Es asombroso que los esfuerzos de tantos –como los que “Pepino” notablemente ilustra- sean leídos como levantamientos frente al orden, en lugar de reconocerse como lo que son, un tributo al derecho que no todos pagamos conforme a nuestros deberes.

Por Roberto Gargarella y Maristella Svampa