Vaca Muerta. de la promesa eldoradista a la cruda realidad de los impactos

Fractura expuesta, primavera 2019

Pese a que Vaca Muerta está instalada en la agenda pública y mediática a nivel nacional y es evocada de modo recurrente por lxs candidatxs presidenciales con chance de devenir gobierno, luego de las elecciones de octubre próximo, la Argentina está lejos de haber entablado un debate serio, democrático y multidimensional sobre los impactos socioambientales y territoriales, así como las diferentes consecuencias económicas, financieras, culturales y sociosanitarios que en términos de desarrollo implica un megaproyecto de estas características. La fiebre eldoradista que se desató luego de la expropiación parcial de YPF (2012), agravado por el contexto de desabastecimiento energético, obturaron la posibilidad de un debate responsable y desideologizado, generando lo que en su momento denominamos el “Consenso del fracking”, el cual no sólo persiste, sino que fue potenciado bajo el gobierno actual, en su versión neoliberal. Ciertamente, la apuesta de Macri de convertir al país en una potencia exportadora de energía fósil desembocó en el “blindaje” de Vaca Muerta que incluye, además de exenciones impositivas y jugosos subsidios estatales, mayor flexibilización laboral, ausencia de controles ambientales y garantías de “seguridad jurídica”, de cara a los reclamos de las organizaciones mapuches.

En términos específicos, Vaca Muerta designa una formación sedimentaria depositada en un mar de edad jurásica, en la Cuenca Neuquina, que se extiende unos 30.000km2, cerca de la localidad de Añelo, en el corazón de la meseta neuquina. En esta enorme superficie rica en fósiles de dinosaurios y yacimientos de hidrocarburos, existen unos 31 proyectos, de los cuales  sólo 5 están operativos, con un protagonismo de YPF y Tecpetrol, así como presencia de las grandes transnacionales del sector. En términos más amplios, la problemática que instala Vaca Muerta, excede dicha formación e involucra un área mayor, la Cuenca Neuquina, que abarca diferentes formaciones geológicas de shale y tight (gas y petróleo), un total de 120.000km2, entre la provincia de Neuquén, Sur de Mendoza y La Pampa y norte de la provincia de Río Negro. Así, encontramos la formación Lajas, en la cual se extrae tight gas entre plantaciones de peras y manzanas en la localidad rionegrina de Allen, básicamente de la mano de YPF. En los últimos tiempos, la frontera de explotación se amplió hacia Malargüe, en Mendoza, donde el fracking fue autorizado en 2018 por la vía de un decreto provincial. En esa línea, estamos frente a un conjunto de megaproyectos, asociados a la energías extremas, cuyos impactos sociales, ambientales y territoriales también tienden a darse en términos amplios, pues repercuten en diferentes territorios, poblaciones y economías.  

En este dossier propuesto por Opsur, me ocuparé de modo exclusivo de las principales implicancias socioambientales y territoriales de Vaca Muerta, a la que entiendo como una energía extrema y en un sentido amplio, asociada a una cuenca rica en hidrocarburos no convencionales, con diferentes formaciones sedimentarias, que se proyecta a través de una cantidad real y potencial de megaproyectos en por lo menos tres provincias argentinas. 

Aunque es utilizada desde hace décadas, la fractura hidráulica o fracking comenzó a implementarse a gran escala en los últimos veinte años, con la expansión de la frontera tecnológica y, en Argentina, a partir de 2013, luego de la validación del convenio entre YPF y Chevron. En Estados Unidos, país pionero, existen numerosos estudios científicos que prueban los impactos socioambientales y sanitarios del fracking, entre ellos, el Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación, publicado en 2014 por el Concerned  Healt Proffessionals of New York, que advierte con datos concretos sobre la contaminación del agua, la contaminación atmosférica, la lubricación de fallas sísmicas, los escapes radioactivos, filtración del gas y de los fluidos. 

Un solo pozo de fracking requiere entre 3 y 11 millones de litros de agua. También se utilizan químicos y arena (silicio). Las grandes cantidades de agua y de aditivos químicos deben ser previamente transportados y almacenados en los lugares de perforación, todo lo cual requiere del movimiento de centenares de camiones, equipos, materiales, fluidos, personal. Muchos de los productos usados son tóxicos para los seres humanos y el ambiente, e incluso varios de ellos, cancerígenos. Cantidades muy pequeñas de los productos químicos tóxicos utilizados para el fracking puedan contaminar millones de litros de agua. Una vez que el procedimiento de fractura se completa, una parte del líquido inyectado (entre el 15 y el 85% según la EPA) regresa a la superficie como flujo de retorno o flowback. Esta sopa química de líquido de retorno contiene agua, metano, sustancias químicas y contaminantes presentes en el subsuelo, que se movilizaron durante el proceso de fractura, incluidos compuestos orgánicos tóxicos, metales pesados y materiales radioactivos naturales. El flujo de retorno que no se recupera y que permanece bajo tierra, pueda llegar a ser una fuente de contaminación de otras formaciones, incluyendo los acuíferos. 

En Argentina, dada la corta experiencia que tenemos con el fracking, varios de los impactos que señala la literatura científica ya son visibles: aumento de derrames, proliferación de basureros con residuos tóxicos, ocupación intensiva del territorio y desplazamiento de poblaciones y otras economías, emisión de gas metano y lubricación de fallas sísmicas, entre otros riesgos y daños. 

En la actualidad, en la cuenca neuquina se produce un promedio de dos derrames por día. Así, según información obtenida de la Secretaría de Ambiente de Neuquén entre enero y octubre de 2018, se registraron 934 hechos de contaminación. En 2017 fueron 703, en 2016 se trató de 868 y en 2015 fueron 863. Uno de los derrames más impactantes fue el que se produjo en octubre de 2018 en Bandurria Sur (a 11 kilómetros de Añelo), que afectó entre 40 y 80 hectáreas. El mismo estuvo 36 horas fuera de control y no fue informado por la empresa sino por los trabajadores. Asimismo, en Allen, Río Negro, entre marzo de 2014 y enero de 2018 hubo al menos catorce accidentes, entre explosión de pozos, incendios con llamas de hasta 15 metros de altura, y derrames en zonas de producción de peras, roturas de canales de riego y 240 mil litros de agua tóxica derramada sobre chacras.

Uno de los grandes problemas del fracking es donde almacenar la gran cantidad de residuos tóxicos que genera la actividad. Esta problemática ya es palpable en Vaca Muerta donde los basureros petroleros revelan enormes deficiencias. Tal es el caso del vertedero de la empresa Treater, a cinco kilómetros de Añelo, que ocupa 13,6 hectáreas, el equivalente a 15 campos de fútbol, y que fue denunciado en 2018 ante la justicia por no respetar la distancia mínima de un núcleo urbano (ocho kilómetros), y por tener piletas de disposición de residuos sin canales de drenaje adecuados ni mallas protectoras que eviten la contaminación de suelos y napas de agua, tal como exige la legislación nacional. Entre los clientes de Treater figuran YPF, Shell y Total.

Otro de los impactos está vinculado a la utilización intensiva del territorio. Las locaciones petroleras ocupan entre una y una hectárea y media, donde se agrupan varios pozos. Un único pozo, perforado verticalmente hasta 2000 metros y horizontalmente hasta 1200 metros remueve alrededor de 140m3 de tierra, por lo que una plataforma promedio remueve alrededor de 830m3, casi diez veces más que un pozo convencional perforado a 2000 metros de profundidad. Cada plataforma puede acceder únicamente a una pequeña área del yacimiento que se pretende explotar, por lo que es común que haya múltiples plataformas sobre el mismo, lo cual requiere una superficie lo suficientemente grande como para permitir el despliegue y almacenaje de los fluidos y los equipos. Esto acentuó la disputa por el territorio con los pueblos originarios, pues en Vaca Muerta se asientan de modo disperso unas veinte comunidades mapuches. En 2014 el gobierno del Neuquén debió reconocer a la comunidad de Campo Maripe, asentada en la zona desde 1927. El territorio en disputa son unas 10.000 hectáreas, aunque el gobierno solo aceptó como parte de la comunidad unas 900. Esta extensión dificulta las tareas de pastoreo extendido y agricultura, actividades de las que viven las 120 personas. En abril de 2019, la comunidad Campo Maripe fue llevada a juicio por “usurpación”, y pese a que el juez a cargo absolvió a la misma, dos meses después, en una clara señal política, el fallo fue anulado. Así, el avance de las locaciones empuja ostensiblemente a los pueblos originarios que se encuentran en la zona y agrava el histórico proceso de criminalización de las comunidades mapuches.

En la localidad de Allen los derrames son frecuentes. La transferencia de los activos a Yacimientos Sur, subsidiaria de YPF, en 2014 apenas mejoró los vínculos con sectores rurales, pero multiplicó los impactos. Ahí entre las chacras, el pasaje al fracking a gran escala se tradujo por la multiplicación de venteos y explosiones, rotura de caños, derrames de crudo, por la afectación directa sobre quienes conviven con pozos, ductos, plantas y basureros. Desde que llegaron las torres y sus equipos, las casas cercanas padecen vibraciones y ruidos constantes, y a causa de las explosiones se abren fisuras en las paredes. El retroceso de la actividad frutícola es también evidente. Con más de 150 pozos de fracking y 93 en carpeta, ya aprobados por el municipio, los datos revelan que entre 2009 y 2014 la localidad perdió 409 hectáreas, esto es el 6,3% de la superficie cultivada. Finalmente, los derrames comienzan a experimentarse también en Malargüe, donde en junio de este año se produjo el primer accidente, en el yacimiento El Mollar, minimizado por las autoridades.

Por otro lado, Vaca Muerta es considerada una potencial bomba de carbono. El shale gas y el tight gas generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero que el convencional durante su etapa de producción; ya que se necesitan más pozos por metro cúbico de gas producido; sus operaciones utilizan energía, por lo general procedentes de los motores diesel, lo que aumenta las emisiones de CO2 por unidad de energía útil producida; la fracturación hidráulica requieren mayor consumo de energía e incluso un mayor volumen de venteo o quema de gas durante la fase de  terminación del pozo. No es casual que en 2018 el comité de DESC de la ONU dejó en claro que, de avanzar en Vaca Muerta, “la explotación total, con la fracturación hidráulica, de todas las reservas de gas de esquisto consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono para alcanzar el objetivo de un calentamiento (no mayor) de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”, y recomendara por ello al Estado argentino  reconsiderar la explotación en vaca Muerta, a la luz de los compromisos adoptados. 

Finalmente, otro de los impactos visibles es el aumento de la sismicidad. Desde el inicio, los registros sísmicos recorren la cartografía global de los hidrocarburos no convencionales, desde Arkansas a Texas, regiones geológicamente estables antes de la llegada del fracking, hasta  la provincia de Sichuan, en China, donde en febrero de 2019, se ordenó el cese temporal de las operaciones, luego de que tres sismos de magnitudes que variaron entre 4.6 a 4.9 sacudieran la localidad y que el último provocara dos muertos y varios heridos. En Neuquén, junto con el aumento de la tasa de accidentes ambientales y laborales, una de las mayores preocupaciones es el incremento de la sismicidad, que afecta a la localidad de Sauzal Bonito, aunque también se ha extendido a Cutral Co. Según estudios recientes Sauzal Bonito se asentaría sobre la Dorsal Huincul, un sistema de fallas geológicas, aunque no se descarta que los constantes movimientos también sean de carácter antropogénico, relacionados con el fracking. A raíz de ello, la provincia ordenó instalar sismógrafos, para monitorear los movimientos. 

En suma, el escenario actual de la Cuenca Neuquina desmiente con claridad la existencia de un “fracking seguro y responsable”, fórmula difundida a nivel global y repetida a nivel local y nacional por las compañías petroleras y gobiernos. A esto hay que añadir que nada de esto constituye una sorpresa, pues toda la información sobre los impactos ambientales y territoriales del fracking, ya estaba disponible en 2013, cuando arrancó la explotación en Vaca Muerta. La diferencia entre 2013 y 2019 es que los impactos, en su carácter multidimensional, ya son visibles. Si a esto sumamos que, en realidad, Vaca Muerta apenas ha despegado, pues solo se ha explotado el 3%, cabe preguntarse cuál será la envergadura de dichos impactos, cuando la gran escala sea una realidad. 

El objetivo de convertir al país por la vía de Vaca Muerta (y la cuenca neuquina) en una potencia hidrocarburífera a gran escala, expresa como pocos la apuesta ciega por un extractivismo energético, de tipo contaminante y depredatorio, que colisiona con las necesidades de un planeta marcado por el cambio climático; alude a la histórica dificultad de amplios sectores de la dirigencia política y económica por superar una visión productivista y primario- exportadora del desarrollo; y consolida el rechazo por pensar escenarios de transición energética, basadas en las energías limpias y renovables. En realidad, mucho de la tozudez política que se advierte en Argentina en relación con Vaca Muerta, del afán de aceleración de la explotación y la apelación constante al “milagro” que encontramos en ampulosos discursos mediáticos, políticos y empresariales, se basa en el hecho de que, a nivel global, la transición hacia energías renovables deviene inevitable, lo cual augura que en futuro cada vez más cercano los combustibles fósiles ya no se usen como fuente de energía.

En su peligrosa fuga hacia adelante, Vaca Muerta tiende a convertirse en un descabellado laberinto que, al calor de los impactos ambientales y territoriales y ante la ausencia de milagros, va habilitando una serie de interminables excepciones: beneficios impositivos, subsidios estatales que repercuten sobre la economía de todos los argentinos, mayor flexibilización laboral y un blindaje jurídico que avanza sobre los derechos de las poblaciones. En verdad, la promesa eldoradista de Vaca Muerta tiene todos los elementos para convertirse en una pesadilla nacional de repercusiones múltiples y en un desastre ambiental a gran escala.