América del Sur vive un momento polÃtico-social muy inquietante, de fuerte polarización en diferentes paÃses y de crisis del pluralismo polÃtico. Aunque el espectro regional es amplio, quiero referirme aquà a aquellos dos paÃses que más expectativas polÃticas transformadoras concitaron desde las llamadas izquierdas progresistas latinoamericanas en la última década: Bolivia y Ecuador. La razón de ello es que en el último mes asistimos a dos hechos elocuentes que ponen de relieve la amenaza y cercenamiento de libertades polÃticas en ambos paÃses.
Bolivia y Ecuador (y, en menor medida, por su carácter siempre controversial, Venezuela) lideraron el ranking de los gobiernos de izquierda en la región, cuyo correlato fue un proceso de innovación social e institucional, protagonizados por organizaciones indÃgenas y movimientos sociales. AsÃ, a través de la Asamblea Constituyente el gobierno de Evo Morales estableció el reconocimiento de los derechos colectivos y la creación del Estado Plurinacional y las AutonomÃas indÃgenas. Por su parte, Ecuador constitucionalizó los Derechos de la Naturaleza y estableció un Plan del Buen Vivir que apuntaba a la salida del modelo primario-exportador, acompañando esto con la propuesta innovadora como la de dejar parte del petróleo bajo tierra (Iniciativa YasunÃ).
En 2015, las promesas de generar “otros modelos de desarrollo†parecen ya muy lejanas. AsÃ, en Bolivia, el 9 de agosto pasado, el vicepresidente Alvaro GarcÃa Linera, connotado intelectual y sociólogo, fustigó con una retórica virulenta a cuatro ONG nacionales, a las cuales trató de mentirosas, amenazándolas con expulsarlas del paÃs (sic), debido a que sus informes contradicen el discurso oficial (pues muestran el avance del agronegocio), o bien porque defienden las comunidades indÃgeno-campesinas frente a la expansión del extractivismo (asÃ, acusó a una de estas ONG de hacer “trotskismo verdeâ€).
DÃas más tarde, con un conjunto de intelectuales, entre ellos Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, el ecuatoriano Alberto Acosta y la expareja del vicepresidente, la mexicana Raquel Gutiérrez, y varios argentinos (Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Rubén Lo Vuolo y la autora de esta nota, entre otros), enviamos una carta abierta a GarcÃa Linera rechazando las descalificaciones y amenazas, las que de concretarse, implicarÃan una violación de los derechos civiles y, por consiguiente, un enorme retroceso para la democracia boliviana. En dicha carta, de gran circulación en Bolivia, subrayamos también que “la disidencia o la crÃtica intelectual no se combate a fuerza de censura y efecto de amenazas y descalificaciones, sino con más debate, más apertura a la discusión polÃtica e intelectual; esto es, con más democraciaâ€. GarcÃa Linera contestó con otra carta, la cual si bien abre a una discusión pendiente sobre extractivismo y modelos de desarrollo, insiste en que las ONG en el banquillo mienten y que no fueron amenazadas de expulsión, sino de defender “los intereses de la derecha polÃtica internacionalâ€.
La posición de GarcÃa Linera tiene antecedentes. AsÃ, en 2011, cuando el gobierno de Evo Morales generó el conflicto en el Tipnis (Territorio IndÃgena Parque Nacional Isidoro Secure), por la construcción de una carretera, GarcÃa Linera escribió un libro, GeopolÃtica de la AmazonÃa (2012) donde criticaba el “ambientalismo colonial†y demonizaba las ONG y las agencias de cooperación (situándolas en el mismo plano) asà como a diversas organizaciones indÃgenas históricas que se habÃan opuesto a dicha carretera.
En Ecuador, la situación es de mayor gravedad, pues los dichos y amenazas suelen convertirse en hechos. AsÃ, el pasado 13 de agosto tuvo lugar una importante marcha liderada por la Confederación Nacional de Pueblos Originarios del Ecuador (Conaie), la que terminó –como sucede en los últimos tiempos en ese paÃs– en represión. En la misma fue golpeada la periodista franco-brasileña Manuela Picq, residente desde hace 8 años en el paÃs, donde es profesora universitaria y pareja de un lÃder indÃgena. Mientras estaba en el hospital, Manuela Picq se enteró de que su visa habÃa sido cancelada y que estaba obligada a abandonar el paÃs. Finalmente, gracias a la solidaridad nacional e internacional, Picq no fue deportada.
Tampoco es la primera vez que el gobierno de Rafael Correa lleva a cabo este tipo de acciones, que lo colocan muy lejos de la idealización polÃtica e intelectual que se ha venido haciendo de los gobiernos progresistas, por ejemplo, en la Argentina. En 2009, Correa despojó de su personerÃa jurÃdica a la reconocida ONG Acción ecológica, pero tuvo que retroceder frente al rechazo internacional. En diciembre de 2013 expulsó del paÃs a la Fundación Pachamama, y en 2014, canceló súbitamente la visa de Oliver Utne, consultor de origen estadounidense (yerno de Alberto Acosta, reconocido economista y polÃtico opositor) que debió abandonar el paÃs. Por otro lado, el carácter autoritario del gobierno de Correa tiene su correlato en la creciente criminalización de estudiantes y organizaciones indÃgenas-campesinas que luchan contra el extractivismo, hay más de 200 personas procesadas (varias de ellas, bajo la figura de terrorismo).
¿A qué se debe el corrimiento polÃtico en estos paÃses, impensable unos pocos años atrás? Desde mi perspectiva, hay dos inflexiones mayores que ayudan a explicarlo: por un lado, la acentuación del extractivismo; por otro lado, el retorno del populismo. En primer lugar, asistimos al fin de las llamadas “tensiones creativas†propias del comienzo de ambos gobiernos y a la consolidación de una polÃtica netamente extractivista que colisiona con los derechos consagrados por las constituciones, reclamados por las organizaciones indÃgenas y ecologistas. Con ello, Bolivia y Ecuador traicionaron sus promesas polÃticas originales de Buen Vivir y respeto a la Naturaleza y lejos de alentar cualquier escenario de transición y salida del extractivismo, hoy proceden como cualquier otro gobierno latinoamericano, promoviendo la expansión de las fronteras del capital y la exportación masiva de commodities, a través de la multiplicación de megaproyectos extractivos (minerÃa, expansión de la frontera petrolera, soja, entre otros).
En segundo lugar, este proceso significó una estigmatización creciente de la narrativa indigenista y ecologista, desplazada por la narrativa populista, donde convergen visión estatalista y culto al lÃder, bajo esquemas hiperpresidencialistas. Asistimos asà al retorno de un populismo de alta intensidad, asociado al ejercicio de la polÃtica como permanente confrontación entre dos polos antagónicos (el nuevo bloque popular versus oligarquÃa, medios de comunicación dominantes y el “ambientalismo colonial†o el “ecoterrorismoâ€). La inflexión no es menor, pues el populismo, como fenómeno polÃtico complejo y contradictorio, presenta una tensión constitutiva entre elementos democráticos y no democráticos. Tarde o temprano, ello hace que nos preguntemos sobre el tipo de hegemonÃa que se va construyendo en esa tensión peligrosa entre una concepción plural y otra organicista de la democracia; entre la inclusión de las demandas y la cancelación de las diferencias. Los dos hechos reseñados, aunque revisten una gravedad diferente (Ecuador está varios pasos adelante), forman parte de esta tentación de corrimiento de las fronteras.
Por último, no es lo mismo hablar de nueva izquierda latinoamericana que de populismos del siglo XXI. En el pasaje de una caracterización a otra algo importante se perdió, algo que evoca el abandono, sino la pérdida de la dimensión emancipatoria de la polÃtica y la evolución hacia modelos de dominación de corte tradicional, basados en el culto al lÃder y su identificación con el Estado.
Publicado en Rebelion.org
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