Criminalización de los pueblos originarios

La exclusión y el racismo continúan afectando los derechos y los cuerpos siempre sacrificables de los pueblos originarios. Según un informe presentado por James Anaya, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, la situación en Argentina es de una gravedad extrema y se distingue, entre otras muchas falencias, por la falta de acatamiento del convenio 169 de la OIT (que exige la consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto extractivo en territorios indígenas); el incumplimiento de la ley 26160, que ordena relevar los territorios indígenas y suspende los desalojos (los cuales continúan y de modo violento); la dificultad en el acceso a la justicia y, en líneas generales, por la criminalización y represión de la protesta.
Como afirma el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), la criminalización de los pueblos originarios no se da tanto en el ejercicio del legítimo derecho de protesta, sino cuando se hace uso de derechos (i.e., reclamo de tierras) reconocidos jurídicamente. El último informe presentado por ODHPI (2013) destacaba, sólo para el caso de Neuquén, 42 juicios penales (25 de ellos por el delito de usurpación), que criminalizan a 241 personas de pueblos originarios.
Es en este marco que debe entenderse el juicio que el 27 de octubre se iniciará en Neuquén contra tres miembros de la comunidad Winkul Newen, Martín Maliqueo y Mauricio Raín, imputados por daño agravado, y particularmente Relmu Ñamku, acusada de tentativa de homicidio, por lo cual la fiscal interviniente pide 15 años de condena. Los hechos consignan que el día 28 de diciembre de 2012, mientras la comunidad se encontraba en medio de un entierro, se hizo presente la oficial de justicia Verónica Pelayes, para informar sobre una nueva orden de desalojo, acompañada de efectivos policiales e integrantes de la petrolera Apache. La comunidad se defendió lanzando piedras. El objetivo de esa acción judicial de desalojo era reactivar la explotación del Yacimiento Portezuelo Norte, emplazado dentro del territorio de la comunidad y paralizado desde hacía varios meses por los integrantes del Pueblo Mapuche, en virtud de la irregular concesión otorgada a dicha empresa petrolera y ante la falta de Consulta previa. Aquel día la oficial de justicia Verónica Pelayes, ahora querellante en la causa penal, sufrió lesiones al recibir el impacto de una piedra en el rostro, hecho que se le imputa a Relmu Ñamku, y que ha sido calificado como “tentativa de homicidio”.
Conviene subrayar que la oficial de justicia se encontraba acompañada por vehículos y personas de la petrolera, al momento de desempeñar su tarea como empleada judicial, una situación irregular que sólo puede entenderse en el marco del habitual alineamiento entre poder económico, político y judicial, cuando se trata de actividades extractivas y conflictos con organizaciones indígenas.
En el caso particular de Relmu Ñamku, el delito por el cual se la imputa no sólo no refleja las circunstancias que rodearon los hechos, sino que además incluye un llamativo cambio de carátula por parte de la Fiscalía de Zapala: de lesiones graves a homicidio agravado en grado de tentativa, luego de dos audiencias en las que no se añadieron nuevos elementos. En realidad, dicho cambio de carátula -más aún, su desproporción frente a los hechos- contiene un mensaje político: aspira a convertirse en un “castigo ejemplar”, a fin de amedrentar y disciplinar las comunidades indígenas que en Neuquén reclaman sus derechos colectivos frente al avance de las actividades extractivas en sus territorios.
El juicio se realizará entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre, a través de la modalidad de Juicio por jurados que suma la particularidad de la interculturalidad. Ciertamente, el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia del Neuquén (art. 198, inc. 6) dispone que se debe integrar a miembros de comunidades indígenas en los jurados plurales. Sin embargo, el proceso de selección de los jurados indígenas está lejos de reducir las asimetrías e irregularidades que recorren este juicio en sí mismo, pues no ha respetado el derecho a la consulta y participación de los Pueblos Indígenas, representados en sus autoridades tradicionales, tal cual lo han solicitado las comunidades mapuches.
Frente a la injusticia que rodea el caso y la desproporción de las figuras penales que hoy pretenden aplicarse en el mismo, junto con numerosas personalidades (Adolfo Pérez Esquivel, Osvaldo Bayer, entre otros.) y organizaciones de derechos humanos, requerimos el desprocesamiento de las autoridades de la comunidad Winkul Newen, y muy particularmente de Relmu Ñamku.
Maristella Svampa
Socióloga y escritora
Roberto Gargarella

Publicado en Diario Clarín
https://www.clarin.com/opinion/derechos-humanos-neuquen-petroleo-protesta-social_0_By7h2eFPQg.html