DECLARACION. Contra la criminalización de militantes y organizaciones populares

 

Se puede discutir sobre las formas u oportunidades de hacer una denuncia contra el gobierno de Israel, pero lo que resulta inadmisible es apoyar la tentativa intencional y sistemática de reducir y estigmatizar a un grupo que critica la actual política del gobierno de Israel, y que cuenta con una larga trayectoria de lucha y un vasto trabajo comunitario, bajo la  figura del antisemitismo.
En este sentido, la forma que adoptó la denuncia realizada contra el gobierno de Israel, realizada hace un par de semanas por las FAR, abrió la puerta para que la Justicia y los principales medios periodísticos confundieran acciones que repudian lo que el historiador judío Ilan Pappé caracteriza como “la deshumanización sionista de los palestinos y las brutales políticas de Israel en Gaza”, con prácticas antisemitas. Sin embargo, a esta confusión inicial, le siguió luego una burda y deliberada manipulación, repetida hasta el hartazgo por los principales medios de comunicación, que hablaron de un “ataque antisemita”, aprestándose a criminalizar al grupo autor de la acción, y rápidamente a la organización territorial que está en la base de tal agrupación política.
En la Argentina hemos vivido prácticas antisemitas repudiables. Los militares genocidas admiraban a los jerarcas nazis y es sabido que los detenidos-desaparecidos de origen judío recibían en los campos de concentración de la última dictadura castigos adicionales debido a ello. Sin embargo, por aquellos años oscuros, gran parte de los medios de comunicación que hoy salen a denunciar de manera irresponsable un supuesto “brote antisemita”, se mantuvieron en silencio.
En razón de ello, consideramos que lo sucedido en las últimas semanas en Argentina resulta muy peligroso, en la medida en que señala la instalación de un nuevo umbral político, en el tratamiento de la conflictividad social.
En primer lugar, porque bajo la acusación de “ataque antisemita”, se ha iniciado una nueva campaña de criminalización y demonización contra las organizaciones sociales no oficialistas, que desembocó en la detención y encarcelamiento de numerosos militantes de base y el allanamiento de centros comunitarios,  a través de increíbles alegatos realizados en nombre del art.23 del código penal, dirigido contra  agrupaciones que pretenden “imponer sus ideas por la fuerza”. Así, a la acusación ya capciosa de “grupo antisemita”, le ha seguido ahora la superposición de la figura del “terrorista”, lo cual recuerda peligrosos aires de dictadura.
En segundo lugar, porque el gobierno actual, en su afán por despegarse de tales acciones en medio de una dura campaña electoral, ha dado un paso más en el proceso de criminalización, apuntando al conjunto de organizaciones sociales no oficialistas que desde hace años reciben planes sociales, y a partir de los cuáles vienen realizando un reconocido trabajo comunitario en el seno de los sectores más vulnerables de la población.

El intercambio de acusaciones y denuncias entre gobierno y algunos miembros de la oposición, así como la distorsión deliberada de ciertos medios de comunicación sobre la cantidad de planes sociales adjudicados a las organizaciones de desocupados (“estimación anacrónica y discriminatoria” que no deber ser utilizada “para criminalizar las actuaciones de las organizaciones de desocupados”, según palabras aclaratorias de un miembro del propio organismo –CIPPEC-, que proporcionó tal información), constituye un nuevo punto de inflexión, en una coyuntura económica en la cual todas las estadísticas indican que hay un aumento de la pobreza y la indigencia, se han reducido los gastos sociales, en particular en el rubro de asistencia directa a los comedores.