DECLARACION DE “VOCES DE ALERTA” , 28/12/2011

28 de Diciembre de 2011
 
Pese a la oposición de las Pastorales Sociales, organizaciones ambientales y expertos independientes, a instancias del ejecutivo rionegrino, el parlamento provincial se propone derogar, sin debate público alguno, entre gallos y madrugada, este 29 de diciembre, la  ley 3981 que en su artículo primero prohíbe la actividad minera en todas sus fases, con uso de sustancias químicas, como el cianuro y el mercurio. Dicha normativa, que se apoya en tratados y convenciones internacionales y demás leyes nacionales y provinciales vigentes en materia ambiental, fue sancionada en 2005, como producto de la lucha social, en la zona de la Línea Sur, la cual involucró a los pobladores, muchos de ellos pueblos originarios, articulados con las asambleas socioambientales de la localidad de Jacobacci y de zonas cercanas.
Hoy se les dice a los rionegrinos que es muy preocupante la situación de emergencia económica que se vive en la línea Sur, a raíz de la erupción del volcán Puyehue, y las consecuencias que han traído las cenizas sobre la actividad ganadera de la zona. Todo ello es cierto. Sin embargo, se propone como solución derogar la ley 3981 y habilitar una actividad sumamente cuestionada desde una perspectiva social, económica, ambiental y política, como es la megaminería a cielo abierto. Dicha solución cortoplacista constituye un grave error y una falacia, pues no es cubriendo un mal con otro mal que puede producirse el bien, y mucho menos cuando se trata de recursos naturales no renovables, de carácter público o colectivo.
Por otro lado, la ley nacional de protección de los glaciares, sancionada en 2010, tiene aplicación en todo el territorio argentino (a excepción de San Juan, donde está judicializada), y no requiere desde el punto de vista legal de ninguna adhesión provincial, como la que el ejecutivo rionegrino se propone enviar a la legislatura, junto con la propuesta de derogación de la ley que prohíbe la megaminería. En realidad, esta adhesión opera de facto una división del territorio provincial en “áreas protegidas” (la cordillera, por la vía de la ley de glaciares) y “áreas de sacrificio” (la meseta, por el ingreso de la minería). Pero no es decretando “área de sacrificio” a la meseta patagónica, que la provincia podrá combatir el grave deterioro de la economía en la zona afectada. Las poblaciones mapuches lo saben desde siempre, pues históricamente detrás del discurso que habla del “desierto patagónico”, solo han encontrado “conquista”, esto es, genocidio y expropiación, y un crecimiento económico que sólo beneficia a unos pocos, y en especial, a la rentabilidad de las empresas trasnacionales.
El Estado provincial debe buscar por la vía sana de las políticas públicas inclusivas y la participación democrática las soluciones económicas y sociales sustentables, que resguarden a las poblaciones y los territorios, sin chantajearlas en nombre de la “emergencia social y económica” ni estableciendo “zonas de sacrificio”, cuyo saldo histórico en términos de exclusión los pueblos originarios conocen muy bien.
Tampoco de nada sirve la propuesta del gobierno rionegrino de crear por ley el Consejo Provincial de Evaluación  Ambiental Minera (CoPEAM), cuya función sería la de evaluar los estudios de impacto ambiental que la actividad minera pudiera producir en la provincia de Río Negro, pues ésta ya nos instalaría ante los hechos consumados, habilitando la entrada de la minería transnacional, a gran escala y a cielo abierto en la provincia. Además de ello, las audiencias públicas enfrentarían a la población a debatir uno por uno los proyectos específicos, cuando de lo que se trata es de debatir las características generales de un modelo, que por su envergadura y consecuencias –sociales, económicas, ambientales y políticas- hoy es considerado una síntesis de maldesarrollo.
En suma, la ley que prohíbe la megaminería a cielo abierto en Río Negro, con determinadas sustancias químicas (cianuro y mercurio), es el resultado genuino de las luchas sociales y expresa la necesidad de colocar en la agenda pública y política la discusión sobre los modelos de desarrollo, en función de valores como el respeto a la vida, el bienestar común y los derechos humanos, de los que estamos ahora y los que vendrán en el futuro.
En razón de ello, manifestamos nuestro apoyo a la ley 3981, exigimos su no derogación e instamos a todos los representantes del Congreso rionegrino y a su ejecutivo, a dejar de lado las falsas soluciones cortoplacistas que propone una actividad como la megaminería a cielo abierto (síntesis del maldesarrollo) y a debatir soluciones y proyectos de largo plazo, que sean sustentables para el conjunto de la sociedad.
 
“Colectivo Voces de Alerta”
Norma Giarracca (Dra. en Sociología, Universidad de Buenos Aires)
Maristella Svampa  (Dra. en Sociología, Universidad Nacional de La Plata)
Miguel Teubal (Dr. en Economía, Universidad de Buenos Aires)
Roberto Gargarella (Dr. en Derecho, Sociólogo, Universidad de Buenos Aires)
Mirta Antonelli (Dra. en Letras, Universidad Nacional de Córdoba)
Horacio Machado Araoz (Magister en Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Catamarca)
Marcelo Giraud (Geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo)
Pablo Bergel (Sociólogo, Legislador de la CABA)
Enrique Viale (Abogado, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas)