Hace más de un año, desde Plataforma 2012 argumentamos que la anunciada “recuperación” de YPF presentaba numerosos problemas, ya que la ley no proponía cambio del marco regulatorio ni política de nacionalización de los hidrocarburos ni tampoco asistíamos a una verdadera estatización de la empresa. Lamentablemente, el escandaloso acuerdo firmado entre YPF y Chevron refrenda este diagnóstico, confrontándonos con una nueva estafa realizada por el Gobierno nacional a la sociedad argentina. Y esto por varias razones.

Primero, YPF firmó con una empresa multinacional que, además de tener un historial sórdido, es hoy prófuga de la Justicia ecuatoriana, luego de ser sentenciada a pagar 19 mil millones de dólares por graves delitos ambientales y violación de derechos de indígenas. Asimismo, en vez del modelo de una sociedad del Estado, se optó por el de una sociedad anónima, lo que sin duda se hizo para evitar los controles públicos y abrió la puerta a un hecho inconcebible: que el convenio firmado entre YPF y Chevron tome un carácter secreto y haya sido ocultado incluso a los legisladores de la provincia del Neuquén, que debaten la cuestión. Por último, el decreto presidencial, hecho a la medida de Chevron, otorgó tales beneficios que las propias corporaciones mineras, no satisfechas con el generoso marco regulatorio que las ampara, exigirían un tratamiento similar.

Segundo, tal como sucedió con la expansión de la frontera sojera y con la megaminería, con esta decisión la Argentina se internó de modo ciego e inconsulto por una senda cercada por enormes riesgos sociales y ambientales. Así, en vez de pensar una agenda de transición y orientarse hacia las energías limpias y renovables, nuestro país reafirma su dependencia de los combustibles fósiles y se embarca en la explotación de hidrocarburos no convencionales, los cuales presentan mayores costos operativos, son más difíciles de extraer, más contaminantes y sus yacimientos presentan una vida útil inferior respecto de otros tipos de energías.

Los hidrocarburos no convencionales, entre ellos, el shale gas , se extraen a través de la fractura hidráulica o fracking , una metodología muy controvertida que consiste en inyectar agua, ácidos corrosivos y arena a miles de metros de profundidad, con la intención de producir microfracturas en la llamada roca madre. La experiencia en Estados Unidos prueba que los impactos ambientales del fracking son graves: contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano; activación de fallas geológicas que originan microsismos, impacto sobre la salud de las personas y los animales, emisión de gases de efecto invernadero, incluso más que otras energías, lo cual potencia el calentamiento global y la crisis climática.

Ante tales evidencias, desde YPF y el oficialismo aparecen los defensores de un supuesto “ fracking sostenible”, que retoma los argumentos que a nivel global difunde la industria hidrocarburífera y sus aliados. Por ejemplo, se dice que gracias a la profundidad de la capa de shale gas y su espesor, en Argentina no habría problemas de contaminación de acuíferos, tal como sucedió en Estados Unidos, donde se perforó a un centenar de metros.

Lo cierto es que este es un terreno cargado de malas experiencias y de grandes incertidumbres.

Como dice el ingeniero en petróleo Eduardo D’Elia: “La profundidad sólo va a determinar el tiempo en que los hidrocarburos vinculados con formaciones permeables demorarán en ascender. Las manifestaciones de petróleo o gas en acuíferos o en la superficie pueden aparecer en años o tal vez en décadas. Quizás para cuando la compañía ya no esté en el país y tengamos que estar como los ecuatorianos buscando amparo legal en otros países”.

El límite de la obsecuencia lo marcó la comisión de desarrollo tecnológico de Carta Abierta que, en un comunicado breve donde ni siquiera se nombra a Chevron, se justifica el acuerdo en nombre del autoabastecimiento petrolero, mezclando las consignas de orden nacional-popular con los argumentos que vienen difundiendo las empresas transnacionales respecto del fracking , rehuyendo cualquier tipo de problematización e ignorando el reclamo democrático de las poblaciones locales. Y este último tema no es menor, pues en todo el mundo existe un descreimiento cada vez más fundado de parte de las sociedades locales ante este tipo de extracción. Por eso, el fracking ya fue prohibido en Francia y en Bulgaria, así como en el estado de Vermont (USA) y en Quebec (Canadá); mientras que en otros lugares se aprobó una moratoria, como sucedió en Nueva York y en varias regiones de Europa, basada en el principio precautorio, pilar del derecho ambiental, también presente en nuestra legislación.

En suma, el Gobierno nacional, sus socios provinciales y sus voceros, manipulan, ocultan y niegan información, evadiendo una verdadera discusión democrática y responsable sobre estos temas, que requieren de una mirada estratégica y de largo plazo, así como la participación del conjunto de la sociedad.

*Socióloga y Escritora.