Entrevista en diario La Capital, Mar del Plata, 1/09/2008

Conflictos sociales, cooptación y disciplinamiento social, según la socióloga Maristella Svampa

Por Juan Carrá

Maristella Svampa es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Ehess) de París. Publicó artículos y realizó conferencias en diferentes países del mundo. Entre sus libros más recientes se destaca “La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo” (2005).
En Mar del Plata participó de la apertura del ciclo “Crítica al derecho. Derecho a la crítica” realizado en la Facultad de Derecho por la agrupación estudiantil Avanzada.
– ¿Cuál es la situación de los movimientos sociales en la Argentina, teniendo en cuenta el intento del kirchnerismo de agrupar a estos sectores?
– Lo que hay que decir en primer lugar, es que pese a que, desde el gobierno de Néstor Kirchner se abrió una nueva oportunidad y hubo un cambio en el escenario político hay rupturas pero también hay continuidades fuertes. Dentro de estas continuidades fuertes, una de ellas es la continuidad de un estado de seguridad que está orientado hacia un disciplinamiento social y la criminalización de la protesta social. A partir de 2003/2004, no olvidemos, una de las variables más importantes del Gobierno para poder controlar las movilizaciones sociales, en ese caso encabezadas por las organizaciones de desocupados, fue la judicialización. Una judicialización y criminalización que fue mediática, social y penal. Son momentos en los cuales se advierte una tendencia al cierre del espacio público en nombre de la doctrina de seguridad ciudadana. No olvidemos lo que sucedió en la Legislatura en la Ciudad de Buenos Aires en el 2004.
– ¿Se refiere al conflicto por el Código de Convivencia?
– Sí, ésa fue una protesta encabezada por múltiples organizaciones que estaban en contra del cierre del espacio público y de la penalización de ciertas actividades como la de los vendedores ambulantes y por sobre todas las cosas un cuestionamiento a un código contravencional que penaliza la protesta en espacios públicos. Esto no sólo se da en Buenos Aires sino que es común a diferentes ciudades del país, incluso es similar a lo que pasa en otros países de América Latina. Amén de ello, efectivamente hasta el 2005 hubo una continuidad en las políticas de judicialización, sobre todo centrado en el actor piquetero. Los casos más típicos fueron los de las localidades petroleras en Santa Cruz y Chubut. Más recientemente, hay una inflexión muy importante, ya que efectivamente la política de integración de algunos grupos piqueteros y por otro lado la criminalización de los que quedaban fuera fue “exitosa”, en el sentido que logró desactivar o encapsular un tipo de resistencia.

La actualidad del conflicto social

– ¿Esto se expresa de la misma manera en la actualidad?
– En los últimos años advertimos que se han agravado o han cobrado mayor importancia dos tipos de conflictos: por un lado los socioambientales y por otro los conflictos por la tierra. Los conflictos socioambientales tienen como actores a asambleas de ciudadanos en diferentes puntos del país. Creo que los más emblemáticos, aparte de Gualeguaychú que es muy mediático, es el caso de las asambleas contra la minería tóxica. Aquí efectivamente por parte del Estado provincial más que por parte del Poder Judicial ha habido claramente una inflexión tendiente a judicializar la protesta. Un ejemplo es el caso de San Juan, donde existe una ordenanza sancionada por el gobierno de José Luis Gioja que prohíbe todo tipo de protesta donde se involucren anuncios sobre posibles desastres ambientales o denuncias alarmistas. Estos son los términos que se utilizan, que apuntan claramente a callar la protesta contra la minería tóxica.
– ¿Y en el caso de los conflictos por la tierra?
– Este tipo de conflictos tienen como protagonistas no sólo a las organizaciones indígenas sino también a las organizaciones campesinas, que son muy débiles en la Argentina comparadas a otros países de América Latina, pero que sufren un proceso de criminalización y que son acosadas, sobre todo en las provincias del norte, por una suerte de guardias paramilitares que están al servicio de intereses económicos. No hay que olvidarse de que en los últimos años los fenómenos centrales han sido la expansión de la frontera del capital, es decir que el capital conquista espacios que anteriormente consideraba improductivos. Expansión de la frontera minera, expansión de la frontera energética, expansión de la frontera sojera, en este marco se desarrollan las luchas que tiene que ver con la defensa de la tierra y del territorio. Por esto se ha agravado el conflicto con las organizaciones campesinas que reclaman la tierra y en este caso algo que esta incluido en la Constitución argentina a partir de la reforma del 94, que es el reconocimiento de la propiedad veinteñal. En este caso son diversas las figuras penales entre las que está el delito de usurpación afectando a las organización e incluso a abogados que las acompañan. En el sur, son lo pueblos mapuches los más afectados por este proceso de criminalización.
– Este proceso que usted explica de cooptación y criminalización del movimiento social por parte del gobierno ¿ha afectado de manera importante la capacidad de movilización de estos movimientos?
– Bueno, es una inflexión importante sin duda. El gobierno de los Kirchner en este sentido se reapropió de un discurso crítico al neoliberalismo, por otro lado integró a un conjunto de organizaciones de derechos humanos importantes y en este sentido abrió un nuevo escenario a partir del cual todas las organizaciones militantes debieron posicionarse. Esto marcó una gran fragmentación. De todas maneras, esta fragmentación es tanto producto de la nueva lógica de poder diseñada por el kirchnerismo como también de los errores que se cometieron al interior del propio campo en un momento de pujas por obtener la hegemonía al interior del campo popular. Entonces sí es un momento de inflexión que debilitó mucho a los sectores populares.

La crisis del campo

– ¿Cómo evalúa la lógica del Gobierno en el conflicto con el campo?
– Escribí bastante sobre este tema porque efectivamente estuve entre los pocos que fuimos críticos en relación al Gobierno y a los sectores agrarios. Hubo un momento en el cual se alentó, por parte del Gobierno, una falsa polarización colocándose en un lugar que no le corresponde. Creo que el Gobierno y sus aliados quisieron leer este conflicto en clave latinoamericana, esto es a través de una oposición o polarización entre una suerte de derecha reaccionaria oligárquica y por otro lado un modelo nacional desarrollista o popular. Efectivamente, creo que no hay del lado de los sectores agrarios una derecha oligárquica, es mucho más complejo, hay otros sectores ligados a los pequeños y medianos productores que desarrollan una conducta muy pragmática sin duda, sumamente condenable, pero que no puede ser asimilada al actor oligárquico. Por el lado del gobierno estamos lejos de que éste exprese un modelo nacional popular o desarrollista como podemos encontrar en el caso de Venezuela, más allá de todas las controversias, o en el caso de Bolivia. Para decirlo más claramente, no creo que ni a lo largo de estos años, ni a lo largo de este conflicto el gobierno haya planteado realmente una hipótesis de cambio de las relaciones de fuerza social. Tampoco creo que haya planteado una propuesta de redistribución del poder social, creo que está dentro de una línea de continuidad que es la del doble discurso de un gobierno que alienta a los sectores de poder, confirma modelos económicos excluyentes y al mismo tiempo alienta expresiones populares de crítica al neoliberalismo.