Es la reprimarización, la dependencia, la democracia, estúpido!

En su artículo de la edición de Miradas al Sur del domingo pasado, Daniel Bosque, director de Mining Press, una de las revistas promineras más conspicuas, lejos de referirse a la discusión que planteamos en nuestro artículo (la aplicación efectiva ley de protección de los glaciares), corrió deliberadamente el eje, para hacer una defensa fervorosa de la megaminería a cielo abierto. En razón de ello, en este artículo quisiéramos responder desde una perspectiva más general los argumentos presentados por dicho periodista.
Es una falacia afirmar que América latina es mineral, ocultando los complejos procesos económicos y políticos que están detrás de ello. En términos geopolíticos, la opción “mineral” que hoy busca implantarse en la región latinoamericana, desde México a la Argentina, responde a una nueva división territorial y global del trabajo, basado en la apropiación irresponsable de los recursos naturales no renovables, que ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el norte y el sur. Lo que sucede es que, más allá de las retóricas industrialistas y emancipatorias en boga, nuestros gobiernos tienden a aceptar como “destino” el “nuevo consenso internacional”, en nombre de las “ventajas comparativas” o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial, el cual históricamente ha reservado a América latina el rol de exportador de Naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales.
En este sentido, el extractivismo resultante no es un destino, es una opción política y civilizatoria, asumida por los diferentes gobiernos, que va reconfigurando negativamente nuestros territorios y economías y genera una nueva dependencia: cada vez exportamos más materias primas, lo cual aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva, así como en la consolidación de enclaves de exportación, rasgos que históricamente fueron criticados tanto por el desarrollismo como el marxismo. Hoy el proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas es tal que, como informa la Cepal, en un solo año (2009), en la Comunidad Andina, el porcentaje de exportación de productos primarios pasó del 81% a 82,3%, y para el caso del Mercosur el crecimiento fue aún mayor, ya que éstas pasaron del 59,8% al 63,1%.
Por otro lado, la historia mundial ha venido mostrando que ningún país del sur se ha desarrollado apelando a la explotación de sus recursos minerales. Como señala el geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, en un documento colectivo en preparación (Los 15 Mitos de la Minería Transnacional), los procesos de encadenamientos productivos dinámicos a partir de la minería se dan únicamente en los casos de los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Australia), que son aquellos donde están radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cadenas de valor a escala global. En el caso de países especializados en la provisión de materias primas, como los nuestros, ninguno de ellos ha superado la pobreza gracias a la gran minería transnacional. Ésta puede generar fuerte crecimiento económico (aumento del producto interno bruto, PIB), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame” y sin auténtico desarrollo para la población.
Respecto de la renta minera, las reformas de los ’90 y el régimen tributario permitieron que el sector funcionara con altas tasas de rentabilidad sobre el capital invertido, “mayores sin duda de las que se hubieran obtenido en caso de que la industria minera hubiera estado sujeta a las generales de la ley”, como afirma el economista de la Cepal J. Katz. No es que no paguen el impuesto a las Ganancias, pero tienen un régimen que les permite deducciones de todo tipo y alcance: pueden deducir el 100% de los montos invertidos en gastos de prospección y exploración; el 5% de los costos operativos que establezcan para prevenir y subsanar las alteraciones del ambiente. La Ley 24.228, de 1993, que consolida el denominado “Acuerdo Federal Minero” entre el Poder Ejecutivo y las provincias, les concede la eliminación de gravámenes y tasas municipales, del Impuesto de Sellos y se comprometen a “evitar todo tipo de distorsiones” en las tarifas de luz, gas, combustibles y transportes que pudieren afectar la actividad. Asimismo, la gran minería goza de reintegros de un porcentaje sobre el valor de las exportaciones realizadas a través de los puertos patagónicos, y están exentas del pago de derechos a la importación y de todo otro impuesto por la introducción de bienes de capital y todo insumo relacionado con la ejecución de sus actividades. Está previsión, además de discriminatoria, no contempla siquiera la necesidad de proteger e incentivar la industria local. En cuanto a regalías, la Ley 24.196 establece que las provincias no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. En San Juan –paradigma de la megaminería–, en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, por Veladero (la mina más grande de la provincia), aportó en 2009 sólo el 1,7% en concepto de regalías del mineral extraído. Esto significó que del total de ingresos de la provincia haya sido menos del 1% del total (38 millones de pesos de regalías de un ingreso total de 3.960 millones de pesos).
En Chile y en Perú se levantaron fuertes voces críticas reclamando el cambio de la legislación tributaria para la minería y el pago de una renta extraordinaria. Éstas desembocaron, en el caso chileno, en la sanción de la Ley N° 20.026, que establece el pago de un impuesto equivalente al 5% de las Utilidades Operacionales para empresas (o grupo de empresas relacionadas) que venden más de 50.000 toneladas métricas finas de cobre al año, o su valor equivalente para otros productos mineros.
Asimismo, los daños ambientales que produce la actividad minera están suficientemente probados; tal es así que el Parlamento Europeo, en su resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa. Los fundamentos de esa resolución no se refieren solamente el uso del cianuro, sino al agotamiento de recursos hídricos; al carácter transfronterizo de los procesos contaminantes, al mal desempeño social, ambiental y económico de las empresas operadoras y a la irresponsabilidad ante el cierre de minas. Todo un decálogo que las empresas trasnacionales, muchas provenientes de esos países, transgreden cotidianamente en nuestras latitudes.
Hablar de “desarrollo total de las fuerzas productivas”, por más que se quiera citar ciegamente a Marx o a Perón, implica un gran retroceso e ignorancia; es volver a una concepción lineal del desarrollo, ampliamente cuestionada en vista de los costos sociales, sanitarios y ambientales que el planeta está afrontando. Muestra a las claras que, más allá del discurso y aunque hablen de “cuidado ambiental”, las grandes empresas (y sus representantes) conservan una concepción productivista, que identifica el desarrollo con el mero crecimiento económico, sin contemplar los indicadores sociales y ambientales, que continúan siendo desastrosos.
Veamos el caso de La Alumbrera, citada por el articulista de Mining Press, y pionera de la megaminería en nuestro país. Como afirma Horacio Machado, de la Universidad Nacional de Catamarca, allá por 1997, cuando arrancó La Alumbrera, “predominó la sensación de que, aun cuando las condiciones y concesiones otorgadas a las empresas mineras eran excesivas, se trataba de la única alternativa para aprovechar tales riquezas como ‘motor del desarrollo provincial’. Antes que nada, mejor era ‘algo’.” Sin embargo, la historia mostró que, a pesar de las innumerables promesas, y de ser una de las explotaciones más grandes del mundo, la mina no mejoró ni un ápice los niveles de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo contrario. Con los años, a la par que fueron cayendo los índices industriales y de la construcción, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo más altos que la media nacional (17,2% de pobreza en 2009 para el Gran Catamarca). Un estudio de una dependencia del propio Ministerio de la Producción del Gobierno de Catamarca, señalaba en 2005 al respecto: “La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en motor de la economía provincial”. Hablando de la falta de legitimidad social de la minería y el incumplimiento de las promesas de desarrollo, el director del principal diario catamarqueño, expresaba, “El discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido. Por el contrario, se ha permitido el dispendio de la renta minera, dilapidada mayormente en aras del clientelismo y la corrupción”. (Silvio Zitelli, 17-06-10)
La minería a gran escala es ciertamente la figura más cuestionada dentro del modelo extractivista que hoy recorre América latina. Pero no es la falta de cultura productiva lo que lleva al cuestionamiento o a la “demonización” de esta actividad como “modelo de desarrollo”. Ésta es cuestionada porque resume un conjunto de elementos directamente negativos para la vida de las poblaciones afectadas: tiene un fuerte impacto ambiental y económico, ya que utiliza sustancias químicas contaminantes; consume enormes cantidades de agua y energía; compite con otras actividades económicas (agricultura, ganadería), por tierra y recursos hídricos; en fin, tiende a desestructurar la vida de las poblaciones, desplazando las economías regionales preexistentes, al tiempo que genera impactos negativos en la salud y el ambiente. Toda una síntesis de “maldesarrollo”.
Pero además, el modelo minero pone en jaque a la democracia, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales y violaciones de derechos humanos. Por ende, no se trata sólo de una discusión económica o ambiental, sino también política: de saber si queremos o no debatir lo que entendemos por “desarrollo sostenible”; si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, o aceptamos la imposición que quieren endosarnos nuestros gobernantes locales y las grandes corporaciones, en nombre de las “nuevas oportunidades económicas” y de un falso desarrollo.