La ley de protección de glaciares, acordada entre el diputado Miguel Bonasso y el senador Daniel Filmus, que obtuvo media sanción en la Cámara Baja, es una ley consensuada y superadora, que protege nuestras fuentes y reservas de agua. Sin embargo, frente a su próximo tratamiento en el Senado, el lobby minero viene agitando tres falsos argumentos, que apuntan a nuevos temores y rechazos, con el objeto de retomar el proyecto anteriormente votado por los senadores, o para proponer modificaciones a la ley Bonasso-Filmus.
El primer argumento es la agitación de un discurso federalista, que poco tiene que ver con la realidad. No sólo porque el Congreso Nacional está habilitado constitucionalmente para dictar leyes de presupuestos mÃnimos (como lo fue la ley de Bosques), sino porque además, pese a que hoy se habla del “avasallamiento de las provincias por la Naciónâ€, los mismos actores utilizan el argumento contrario (la prioridad de la ley nacional) para iniciar acciones constitucionales contra las leyes provinciales que prohÃben la minerÃa a cielo abierto.
Segundo, lo que está en debate no es la insustentabilidad de la minerÃa. El área de glaciares y periglacial que protege la ley votada en Diputados, está lejos de abarcar una amplia superficie: tan sólo prohÃbe cualquier actividad extractiva (no sólo la minerÃa), en un 1% de todo el territorio, ¡una proporción Ãnfima del paÃs, lejos de las barbaridades que se dijeron esta semana en la audiencia especial en el Senado, acerca de que cubrirÃa toda Tierra del Fuego o incluso una parte de Buenos Aires!
Tercero, los defensores de la actividad minera buscan agitar el fantasma del desempleo, incurriendo en el terrorismo estadÃstico. Según el Indec, en 2009 hubo un promedio de 18.342 asalariados registrados en minerÃa, de los cuales sólo 6.533 en minerales metalÃferos. Por más trabajo en negro y empleo indirecto que produzca, no es cierto que “La minerÃa ya genera 500.000 empleos en el paÃsâ€, como afirma el secretario de minerÃa de la Nación. Como prueba, vean Bajo La Alumbrera, en Catamarca, que prometió 10 mil puestos de trabajo, y hoy sólo cuenta con 800 puestos estables y 1.000 contratados. Y eso, sin contar los costos sanitarios y ambientales.
Hay que expulsar los fantasmas y sincerar el debate: asÃ, el Senado deberá decidir si cede frente a la estrategia del lobby minero, o confirma sin modificaciones la ley votada en Diputados, apoyada por la totalidad de las asambleas y organizaciones ambientalistas que hoy luchan en defensa de un bien básico y tan vulnerable como el agua.
Publicado en Miradas al Sur