¿Cuál o cuáles de estas formas de linchamiento encontramos hoy en la sociedad argentina? Podría decirse que tanto la hipótesis segunda (inseguridad), como la cuarta (crisis y desorganización social), están presentes en los hechos aberrantes que sacuden nuestro país, aunque también aparecen rasgos preocupantes de la primera hipótesis (privatización de la seguridad).

Para explicar esto, se hace necesario indagar en las formas de violencia colectiva que atraviesan la Argentina de las últimas décadas, entre las que se destacan los saqueos y ahora los linchamientos. Por supuesto que entre ambas conductas colectivas hay grandes diferencias: los saqueos son la respuesta antipolítica e insolidaria que ilumina la faz oscura de los sectores subalternos en su intento por invertir un orden desigual, apropiándose de bienes primarios y de consumo que esta sociedad promete a todos, pero a los que en tiempos normales u ordinarios los pobres urbanos están lejos de poder acceder. Los linchamientos, por su parte, reflejan un peligroso corrimiento social, pues la turba anónima no atenta contra los bienes personales o colectivos, sino que aplica –ante una situación de inseguridad y de defensa de los bienes privados– una violencia punitiva contra la vida misma del supuesto responsable (muchas veces, descubierto “in fraganti”). Además, los linchamientos involucran diferentes sectores sociales, no sólo pobres urbanos, y tienen como víctima privilegiada un estereotipo muy difundido, que naturaliza la relación entre delincuencia y jóvenes pobres.

Lo ocurrido en Córdoba en diciembre pasado con los saqueos –que luego se repitió en otras provincias, ligado al autoacuartelamiento policial– marcó una inflexión, pues ahí asomaron intentos de linchamiento a supuestos “saqueadores”, cuyo único delito, además de la portación de rostro, era el de atravesar el barrio Nueva Córdoba, sede de sectores medios y acomodados. También circularon fotos con grupos armados por las redes sociales, dispuestos a intervenir contra los saqueadores, en un tenebroso intento de privatización de la Justicia. Ambos hechos (intento de linchamiento y bandas armadas), como respuesta colectiva a los saqueos, develaron un síntoma de profundo retroceso de la democracia y de los derechos humanos.

Esta situación regresiva muestra los contornos de una posible guerra social destructiva, en donde se juegan las emociones y sentimientos más primarios de la sociedad, alentadas por un determinado contexto penal. Como afirma Roberto Gargarella, la oscilación entre el elitismo penal y el populismo penal, propio del kirchnerismo, no hace más que empeorar las cosas. Sumemos a esto el discurso punitivo de políticos oportunistas que hablan de “ausencia del Estado” desde la comodidad que proporcionan los muros vigilados de los countries u otros espacios elitistas como Puerto Madero. Tamaño cinismo no ayuda a la discusión; al contrario, no hace más que ilustrar la vinculación del fenómeno del miedo, las conductas primarias y la inseguridad con la espacialización de las desigualdades, ilustradas por las urbanizaciones cerradas.

Así, en un contexto marcado por nuevos conflictos sociales, mayor de-sigualdad, creciente desorganización social y discursos punitivos, nuestro país parece estar abriendo una peligrosacaja de Pandora que va instalando conductas fascistizantes. El tema entonces no es sólo político, sino también social. Como sostiene Boaventura de Sousa Santos, “A corto plazo, los ciudadanos tienen que decir basta al fascismo difuso instalado en sus vidas y volver a aprender a defender la democracia y la solidaridad tanto en las calles como en los parlamentos”.

*Socióloga y escritora.