La megaminerÃa a cielo abierto, que emplea tecnologÃas de lixiviación con sustancias tóxicas, es una actividad que en los últimos años viene suscitando grandes resistencias a lo largo del paÃs. La importancia económica del sector minero no es menor, si tenemos en cuenta que, según datos de la SecretarÃa de MinerÃa de la Nación, entre 2003 y 2007, el total de inversiones acumuladas se multiplicó por más de ocho, pasando de 660 millones a 5.600 millones de dólares. Beneficiadas por un escandaloso marco legal creado en los 90, confirmado por las sucesivas gestiones, la puesta en marcha de este “modelo de desarrolloâ€, se viene realizando de manera silenciosa y vertiginosa, sin consulta a las poblaciones involucradas.
En 1997, Catamarca fue la encargada de arrancar con el megaproyecto La Alumbrera, pero fue en la localidad chubutense de Esquel donde la megaminerÃa encontró un primer gran escollo. AllÃ, luego de conformar una asamblea multisectorial en la cual se destacaban grupos de profesionales, la población llamó a una consulta popular que en marzo de 2003 arrojó un rotundo “no†y desembocó en la primera ley provincial de prohibición de este tipo de minerÃa.
Muchos de los escenarios a los cuales se ven confrontadas las poblaciones son de una asimetrÃa obscena, como se refleja dramáticamente en San Juan, La Rioja y Catamarca. Pero, entre 2003 y 2008, gracias a la articulación de resistencias regionales, ya se sumaron siete provincias que sancionaron leyes prohibiendo este tipo de explotación minera. Tres factores clave jugaron en favor: movilización multisectorial, información y redes territoriales. Hoy existen unas 70 asambleas de vecinos autoconvocados, que incluyen desde amas de casa, comerciantes hasta productores y profesionales. Contrariamente a lo que divulgan gobiernos y empresas transnacionales, y gracias a la elaboración de un saber experto independiente realizado por profesionales, cada vez son más las comunidades informadas que toman conciencia de lo que significa la instalación de un emprendimiento minero a cielo abierto, tanto en lo que se refiere a su impacto económico y ambiental, como al enorme consumo de agua y energÃa que éstos conllevan. Por último, las asambleas van creando una red de territorios, de alcance regional (Asamblea Patagónica, la Asamblea Regional No a Pascua Lama, Plenario de Organizaciones del NOA), y de nivel nacional, a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que desde 2006 reúne a las asambleas de base.
DESDE EL SUR Y POR TODAS PARTES. En la Patagonia, luego de Esquel, la acción ciudadana contra la minerÃa a cielo abierto tuvo su epicentro en la localidad rionegrina de Jacobacci, donde habÃa un proyecto en fase de exploración (la mina de Calcatreu). La sanción de la ley, en julio de 2005, que sólo prohÃbe la minerÃa realizada con cianuro, fue el primer triunfo de una red de territorios, que incluÃa a asambleas de RÃo Negro y Chubut, asà como a organizaciones mapuches.
En Mendoza, las asambleas arrancaron en el Valle de Uco, pero en esta provincia el rasgo distintivo fueron las multisectoriales de segundo grado, en las cuales confluyeron, además de los autoconvocados, organismos gubernamentales, concejos deliberantes, iglesias y cámaras de comerciantes. La legislación del “no†estuvo lejos de tener una secuencia lineal. En diciembre de 2006, la Cámara de Diputados sancionó una ley, pero ésta se encontró con el veto “no positivo†de quien era por entonces gobernador, Julio Cleto Cobos. La explicación de Cobos, que coincidÃa con la Cámara de Empresarios Mineros, que catalogaban la ley como “inconstitucionalâ€, era que “una ley provincial no puede reformar el Código Mineroâ€, de alcance nacional, y que su aprobación prometÃa una lluvia de juicios de las mineras contra el Estado. Un mes después, los cortes, movilizaciones y recursos judiciales se endurecieron y tuvieron un primer correlato en una ordenanza municipal que prohibió la actividad en el departamento de San Carlos.
Desde el gobierno mendocino buscaron adormecer el tratamiento del tema hasta después de las elecciones, pero la multiplicación de los reclamos disuadió a los senadores que trataron la ley. “Ésta es una competencia de las provincias, que tienen la obligación de controlar y evitar que se produzcan daños ambientales. Se habla de seguridad jurÃdica y ¿cuánto se han preguntado acerca de la seguridad ambiental? Se dice que es inconstitucional y ¿qué hay del artÃculo 41 de la Constitución que habla del derecho a un ambiente puro?â€, afirmó la senadora del ARI Alejandra Naman. AsÃ, el 30 de mayo de 2007, como consigna el diario Los Andes, en medio de un clima de tensión, el Senado rechazó el veto de Cobos y la ley pasó a Diputados para ser promulgada.
Hoy las asambleas mendocinas están movilizadas contra el proyecto de la mina de potasio RÃo Colorado en el sur de Malargüe, de la empresa RÃo Tinto, que involucra otras tres provincias, dado que la sal de ese depósito podrÃa contaminar el rÃo Colorado, que se utiliza aguas abajo para riego y consumo humano en La Pampa, RÃo Negro y Buenos Aires, lo cual ya motivó reclamos del gobernador Scioli.
QUE EL ORO QUEDE DONDE ESTÃ. Una mención especial merece la legislación del “no†en La Pampa, porque muestra que ahà donde no hay presiones empresariales en juego, los legisladores suelen distinguir nÃtidamente entre lo que pertenece al orden del interés económico y lo que remite a los derechos fundamentales. Leamos un fragmento de los fundamentos de la ley que presentó el Partido Justicialista:
“Si los recursos, suelo, agua, aire, vegetación, etc., están amenazados –aunque fuera potencialmente y de manera muy leve– eso sólo ya debe ser motivo de preocupación. (…) Ante la creciente preocupación de los ciudadanos de las provincias vecinas, creemos necesario discutir y poner en vigencia una ley como la que propone el presente proyecto para adelantarnos a futuras contradicciones en las que el afán desmedido de lucro se quiera oponer a la vida misma. Si en nuestro territorio hubiera metales preciosos muy valiosos como el oro, la plata, el plomo, bienvenidos sean, pero si su obtención es a costa del equilibrio ecológico en la región, es mucho mejor que los mismos permanezcan donde estánâ€.
Si las provincias de San Juan, Catamarca y La Rioja hoy padecen la embestida de las grandes empresas trasnacionales en alianza con los gobiernos provinciales, una primera constatación es que el escenario en el noroeste argentino presenta rasgos comparables, que lo instalan de lleno en la trampa del modelo extractivista: extendida pobreza, corrupción polÃtica, en fin, colonización de lo público por lo privado.
Aun asÃ, varias provincias vienen recorriendo aceleradamente lo que podemos denominar “el efecto Alumbreraâ€. Es que en los últimos años, las denuncias por contaminación a raÃz de los derrames del mineraloducto, que recorre 316 km entre Catamarca y Tucumán, más el vertido de efluentes lÃquidos de su planta de filtrados al canal DP2 (que motivó el actual procesamiento del vicepresidente de la compañÃa por la Justicia Federal), pusieron en alerta a diferentes poblaciones de Tucumán y Santiago del Estero, que miran en el espejo de La Alumbrera el futuro que les aguarda. AsÃ, frente a los nuevos proyectos mineros, las poblaciones realizan el pasaje rápido del “efecto Alumbrera†(los daños ambientales son un hecho) al “efecto Esquel†(cómo organizarse), como lo muestran las nuevas asambleas de autoconvocados en el noroeste argentino, asà como el rol activo que tomaron las poblaciones originarias calchaquÃes, en un proceso que marca la incipiente conformación de una red de territorios.
LA EXCEPCIÓN TUCUMANA. Resulta sugestivo que la única provincia del norte que prohibió este tipo de minerÃa sea Tucumán, donde está la sede de La Alumbrera. AllÃ, en abril de 2007, se sancionó la ley del “noâ€, pese a que dos años antes el gobernador habÃa vetado una ley que prohibÃa este tipo de minerÃa. Impulsada desde la comisión de EcologÃa de la Legislatura, la ley “tuvo entre sus principales causas las reiteradas denuncias por contaminación ambiental existentes en los emprendimientos mineros de este tipo, especialmente la muy cercana Minera Alumbrera y las posibles explotaciones que podrÃan realizarse en la provinciaâ€, expresó el presidente de la comisión legislativa, Alejandro Sangenis, quien reconoció el apoyo del secretario de Medio Ambiente provincial, para que el gobernador no vetara nuevamente la norma “pese a las presiones empresariales existentesâ€. Las posteriores declaraciones del gobernador José Alperovich son por demás elocuentes: “¿Cuánto vale la vida humana? No importa que se pierdan 500 millones de pesos en inversiones, la vida humana no tiene precio. Es una buena ley para los tucumanos†(primerafuente.com.ar)
Las sucesivas legislaciones del “no†mostraron la productividad de las escalas y las redes regionales, frente a un escenario polÃtico inicialmente adverso, a partir de la articulación de las demandas de las asambleas de vecinos, profesionales, productores y ambientalistas, y la acción de legisladores provinciales y representantes municipales, que en ciertos casos actuaron aún en contra del propio Ejecutivo provincial (asà lo prueban los vetos), y de los poderosos intereses empresariales en juego. Pero las legislaciones provinciales no son una garantÃa absoluta, ya que lo ocurrido en La Rioja, donde el gobernador anuló la ley que prohibÃa tal actividad (impulsada por él mismo y sancionada en 2007), está allà para señalar la fragilidad de las instituciones, atravesadas por los intereses económicos. A su vez, la dinámica de las luchas produjo también un reacomodamiento de las transnacionales mineras y de los gobiernos, quienes ahora ensayan nuevas vÃas, como lo indican los proyectos de reordenamiento territorial que buscan zonificar las provincias, habilitando asà “áreas de sacrificio†para la explotación minera.
Son numerosos los proyectos candidatos a transformarse en la nueva La Alumbrera: Agua Rica, que pronto entrarÃa en explotación en Catamarca (tres veces más grande que La Alumbrera), el proyecto Famatina, en La Rioja, y Pascua-Lama, de la Barrick Gold en San Juan, compartido con Chile y producto de un inédito tratado binacional que configura un territorio de soberanÃa supraestatal corporativa en el que se desdibujan las fronteras y se genera una legalidad propia a los intereses mineros. Mientras tanto, después de lo de Esquel, ninguna otra consulta popular fue permitida, ni tampoco, pese a la multiplicación de los cuestionamientos y resistencias, se ha abierto (ni siquiera está instalado en la agenda de la Universidad pública) un debate independiente acerca de las controvertidas implicancias del “modelo de desarrollo†vigente.
Casos testigo, de Córdoba a San Luis
Córdoba fue otro centro generador de asambleas y redes regionales. Presentada por el Ejecutivo provincial, en septiembre de 2008, la Legislatura sancionó por unanimidad la ley 9526, que prohÃbe este tipo de minerÃa, e incluye también la explotación “de minerales nucleares tales como el uranio y el torioâ€. Dicha ley provincial –publicada en el BoletÃn Oficial el viernes pasado– aparece como la más completa y avanzada en la protección del medio ambiente, sentando un precedente importante en el paÃs.
Una semana después, en octubre de 2008, San Luis siguió sus pasos. AllÃ, en julio de 2008, el Poder Ejecutivo Provincial habÃa enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que obtuvo media sanción, pero en medio de presiones polÃticas y empresariales, desaparecieron los dos artÃculos que hacÃan referencia explÃcita a la minerÃa metalÃfera a cielo abierto y la minerÃa en uranio. Los reclamos de las asambleas y de los municipios involucrados no se hicieron esperar. Según la agencia Ecomerlo nueve intendentes realizaron una “cumbre†en Concarán, vecina a Merlo, y rechazaron cualquier actividad minera a cielo abierto. Finalmente, la provincia votó la ley, sin incluir esos dos artÃculos, pero enumerando las sustancias quÃmicas que intervienen en dicho proceso extractivo.
Lágrimas de lobbistas
En agosto de 2008 la revista Panorama minero decÃa: “En un análisis realizado en la provincia de San Juan, se llegó a la conclusión de que de las 17 provincias que tienen potencial minero sólo 9 pueden desarrollar la actividad, pero entre ellas hay cinco con leyes provinciales prohibitivas. Esta situación cambia el mapa minero. Unas entran, otras salen y el mapa minero del paÃs se va reconfigurando con cada vez menos jurisdicciones como jugadoras en esa actividad (…) Pero la alegrÃa de la recuperación (por la derogación de la ley en la provincia de La Rioja) se ve empañada porque hay cuatro provincias más que quieren introducir en sus legislaciones prohibiciones similares o con algunas restricciones: San Luis, Jujuy, Córdoba y Tandil, en Buenos Aires, avanzan con leyes en el mismo sentido, con desenlace aún inciertoâ€.
Publicado en CrÃtica