“La minería moderna no da trabajo”, entrevista en Miradas al Sur, 06/09/09 y El Argentino, 07/09/09

La socióloga Maristella Svampa se convirtió en una especie de Marco Polo de estos tiempos: acerca a las urbes noticias de mundos invisibles. En los primeros años de los ’90 investigó la vida en los incipientes countries y después puso sobre la mesa su contrapunto, los movimientos de trabajadores desocupados que emergieron en todo el país. Ahora coordinó, junto con Mirta Antonelli, Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencia social, un libro del que participaron académicos de las universidades nacionales de General Sarmiento, Córdoba, Buenos Aires y Catamarca. Allí devela las consecuencias económicas y socioambientales del modelo de desarrollo que propone la minería: depredación de montañas, contaminación de aguas, escaso empleo, expoliación de riqueza y destrucción de economías regionales.

–¿Por qué la minería, una industria sin tradición en la Argentina, se convirtió en un tema de investigación?

–El modelo extractivo exportador de la  minería ha tenido un avance muy vertiginoso, pero también muy silencioso. Gran parte de la población ignora su envergadura: 336 proyectos que abarcan a doce provincias argentinas, la mitad del país.

–¿Por qué a pesar de ese nivel de expansión la minería sigue invisibilizada?

–Esto sucede en pequeñas y medianas localidades del interior profundo y siempre es difícil darle visibilidad a lo que ocurre allí. Por otro lado, ni las mineras ni el Estado proporcionan información fidedigna y completa. Hay un ocultamiento deliberado porque las resistencias han sido muy tempranas y se están multiplicando. No olvidemos que ya en 2003 se hizo en Esquel la única consulta popular sobre el tema y el 81% de votos fue contra la instalación de una minera. Después de eso, el tema desapareció de la escena.

–¿Cómo se tapa un tema de tanta envergadura?

–Entre 2004 y 2005, por ejemplo, se dio una batalla en San Juan contra la instalación del proyecto Veladero. Sin embargo, sobre eso sabemos poco por el cierre de los canales de comunicación, una práctica que acostumbran ciertas provincias como San Juan, el representante más emblemático del modelo minero. Hace dos meses la revista dominical de un diario de Cuyo fue retirada de los puestos de venta por orden del gobernador José Luis Gioja, porque la nota de tapa era crítica con la minería. Cuando fui a un encuentro de la Unión de Asamblea Ciudadanas, Gioja mandó fuerzas de choque. Tuvo que tomar el micrófono Pérez Esquivel para frenarlos. Gioja, dice: “Hay provincias ricas que se pueden permitir leyes antimineras, en San Juan no se puede. ¿Quieren que les enviemos miles de desocupados al conurbano bonaerense?”. Son contraposiciones simplistas.

–Pero la tensión entre la apertura de fuentes laborales o la defensa del medio ambiente existe.

–La minería entró de la mano de los gobiernos provinciales, con un discurso centrado en la idea de progreso y empleo. Pero esas promesas fueron incumplidas. Al principio hubo credulidad y luego gran decepción. Los primeros reclamos, incluso, tuvieron que ver con pedidos de trabajo. Cuando eso sucede en Andalgalá, por ejemplo, comienzan a formarse asambleas multisectoriales, con claro predominio de la clase media, para rechazar la minería. Están compuestas por vecinos que no conocían el tema pero fueron incorporando información y desarrollando una suerte de saber experto e independiente. Y a medida que conocen, se indignan más.

–¿Es un mito que la minería genera fuentes de trabajo?

–La minería moderna no genera muchos puestos de trabajo. Por ejemplo,  La Lumbrera –uno de los proyectos más grandes de latinoamérica– emplea unos 800 trabajadores en este momento, de los cuales muchos de ellos no son de la zona.

–¿Por qué algunos dicen que la minería se convirtió en un poder supranacional?

–El tratado entre Argentina y Chile, que firman Frei y Menem, es inédito. Permite la primera explotación binacional –Pascualama, de la Barrick Gold– de una serie de siete u ocho que van a desarrollarse en la frontera cordillerana. A través de este tratado se crea un espacio extraterritorial donde no hay soberanía chilena ni argentina, sino que es una franja larga en la cual la soberanía es de la transnacional. Es la legitimación de un espacio de libre circulación de personas y mercancías sólo para la empresa. Esto forma parte de una estrategia de reterritorialización del poder que se da en toda América latina. Son lugares vallados, cercados, con seguridad privada que impide el acceso a zonas que deberían ser públicas, desde rutas nacionales hasta cerros, cuencas y montañas.

–¿Por esta razón califica de grotesco el marco regulatorio de la minería?

–Y porque es escandalosamente beneficioso para las empresas mineras. Tienen estabilidad fiscal por 30 años, exención del IVA, declaran las utilidades según el valor del metal en boca de mina, tienen descuentos si hacen la exportación por puertos patagónicos y un montón de etcéteras más.

–¿Qué recursos deja la minería a la Argentina?

–Mínimos. Las regalías provinciales son del 3%. Es un caso de expoliación. Por un lado, la minería a cielo abierto es una expresión del saqueo y, por el otro, tiene consecuencias socio-ambientales en el corto y mediano plazo.

–¿Cuáles son esas consecuencias socio-ambientales?

–La Lumbrera, por ejemplo, emplea el 25% de la energía eléctrica que utiliza todo el NOA, y consume 1.200 litros de agua pura por segundo, casi un millón de litros de agua por día. Este agua se contamina porque a través del proceso de lixiviación se introducen sustancias contaminantes –como el cianuro o el ácido sulfúrico– que van a parar al dique de cola, que a su vez contamina el agua subterránea a través de filtraciones. En San Juan, La Rioja y Catamarca  se generan procesos de desertificación. Además, por la cantidad de agua que consumen las minerías, excluyen a la agricultura y la ganadería, porque el agua no alcanza para todos. Por eso también decimos que este modelo desestructura las economías regionales. No por casualidad, las asambleas tienen una consigna que dice “el agua vale más que el oro”.

–¿La contaminación se reduce al territorio donde opera la minera?

–No. La Lumbrera está procesada por la justicia federal por contaminación grave para la salud por el vertido de efluentes en un canal. La mina está en Catamarca pero construyó un mineralducto que atraviesa Santiago del Estero y llega a Tucumán llevando una sopa de minerales, agua y sustancias químicas. Ahí se procesa el material y es llevado por el tren azul hasta Santa Fe. El mineralducto se ha roto un montón de veces y produjo contaminación en la cuenca del río Salín.

–¿Qué diferencia la minería a cielo abierto de la del viejo socavón?

–Ya no se encuentran minerales en vetas. Ahora están diseminados y por eso es necesario dinamitar montañas completas para poder extraer los pocos gramos que hay en una tonelada de roca. Y hay que aplicar cianuro o ácido sulfúrico para separarlos, eso es la lixiviación. Por eso se requiere tanta agua y energía.

–Entonces, la nacionalización de la explotación minera no soluciona el problema.

–En estas condiciones la minería no es sustentable. No importa si el capital es nacional o transnacional, ambos son depredadores. No nos podemos quedar con un discurso que enfatice sólo la expoliación económica, si no vemos la devastación socioambiental. Y hay una tercera cuestión, que tiene que ver con las demandas de democracia: las poblaciones tienen derecho a decidir sobre qué modelo de desarrollo quieren cuando los proyectos afectan sus estilos de vida.

–¿Qué caracteriza a estos movimientos de resistencia socioambientales?

–Se colocan a la estela de lo ocurrido en el 2001: son asamblearios, utilizan la acción directa –bloqueos, cortes de ruta o de acceso a las mineras–, realizan demandas institucionales, son autónomos y rechazan al sistema de partidos y cualquier organización que implique delegación porque desconfían de toda forma de poder.

–¿Qué grado de éxito tienen estos movimientos?

–Pareciera, por su situación de gran asimetría, que los caracterizara la impotencia. Pero no es así. A través de la construcción de redes entre los movimientos y su relación con algunos representantes políticos partidarios, han podido influir en la agenda provincial y se han sancionado leyes contra la minería en Chubut, Río Negro, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán. También se aprobó, en 2007, en La Rioja, pero fue derogada un año más tarde.