Hace años que junto al movimiento de asambleas ciudadanas que cuestionan la megaminería venimos denunciando los vínculos explícitos que el gobierno sanjuanino tiene con la transnacional Barrick. Eso explica que lo ocurrido hace un par de semanas tomara estado público a través de las redes sociales, dado el ocultamiento conjunto de la empresa y del gobierno provincial, que 24 horas después tuvieron que admitir el delito ambiental como consecuencia del derrame de cianuro y otros químicos sobre la cuenca del río Jáchal.

Millones de litros diarios de agua demandados por la mina Veladero para el proceso extractivo, dos camiones diarios de cianuro no son los únicos impactos ambientales. Glaciares y ambiente periglacial en el área de extracción y zonas de influencia del emprendimiento convirtieron a la minera Barrick en la principal detractora y lobbista contra la ley nacional de glaciares, lo cual determinó el veto presidencial en 2008.

Lo ocurrido en San Juan, además de echar por tierra la idea de una “minería sustentable”, pone también en evidencia la falsedad de la prosperidad minera: Barick paga en San Juan sólo US$ 1,7 por cada US$ 100 de minerales que extrae, lo que significa en conceptos de regalías un aporte de menos del 1% del presupuesto provincial. Además, en la provincia, la minería metalífera emplea actualmente unas 2500 personas en forma directa, lo que representa menos del 1% del total del empleo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también tiene una alta cuota de responsabilidad en el siniestro de Veladero. Seis años tuvo congelada una causa judicial donde ciudadanos sanjuaninos denunciaban los impactos y fragilidades ambientales del proyecto minero. Parece una burla, pero el máximo tribunal decidió desentenderse del problema, declarando su “incompetencia”, justo diez días antes del desastre ambiental en San Juan. La Corte todavía tiene en sus manos una causa similar iniciada hace siete años por alteración de glaciares contra el proyecto binacional Pascua-Lama, que se encuentra paralizado solamente del lado chileno por la justicia trasandina (como si los impactos ambientales reconocieran fronteras administrativas).

Todo ello impacta sobre el sistema político, generando un cierre de los canales de expresión que silencia toda disidencia, a través del reforzamiento de la censura y la criminalización. Un dato reciente ilustra el alcance del mineralo-Estado: hace unos días, la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación se reunió en la ciudad capital de San Juan, para escuchar a los ciudadanos, sobre todo a los jachalenses. El rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, que inicialmente había cedido sus instalaciones para el debate, un día antes del evento, canceló sin mayores explicaciones tal acuerdo y la comisión tuvo que sesionar en otro lugar.

Hoy, que la problemática vuelve a estar en la agenda pública, cabe entonces preguntarse: ¿se abrirá finalmente un debate sobre la megaminería? ¿Hablarán los candidatos presidenciales del tema o esperarán el rápido realineamiento de los poderes fácticos? Si como argentinos no queremos que en nuestro país ciertas provincias se conviertan en mineralo-Estado, donde el poder político sea hablado por la minería transnacional, debemos abrir a un verdadero y amplio debate, que contemple las voces de los afectados, que desde hace tiempo reclaman la necesaria democratización de las decisiones.