Muro europeo contra la inmigración: Del purgatorio al infierno

El Parlamento de la Unión Europea, reunido en sesión extraordinaria en Estrasburgo, finalmente aprobó las nuevas “directivas de la vergüenza”, que apuntan a restringir el flujo migratorio y amplifican los dispositivos punitivos en relación al tratamiento y repatriación de los inmigrantes irregulares. La directiva extiende la detención en los centros de internamiento para inmigrantes por un máximo de 6 meses, prorrogable a 18 meses, así como la prohibición de readmisión por 5 años para los expulsados. Incluye además la posibilidad de reclusión de menores, aunque prevé la posibilidad de acceso a los centros por parte  ONGs y el derecho de los inmigrantes a una asistencia legal.

Recordemos que el continuo flujo migratorio de los países del sur hacia el norte rico, fue afirmando una red global de internamiento que hoy supera las fronteras europeas y norteamericanas, en el cual se insertan los campos de internamiento, especialmente erigidos para los inmigrantes ilegales, indocumentados y refugiados, en el marco de una concepción que los considera como población “excedente” o “sobrante”. Estos campos tienen una matriz común: son espacios de “suspensión” de los derechos; lugares extrajudiciales de reclusión. Según la filósofa Hanna Arendt, los campos de internamiento son aquellos lugares, “subrogados del territorio nacional, en donde son confinados los individuos que no pertenecen a él”. Están segregados, no se rigen por las leyes del país y tienden a convertirse en un lugar con “soberanía en sí mismo”, lo cual trae consecuencias nefastas en términos de violaciones de derechos humanos. Su impronta dinámica, en un contexto en el cual guerras, pobreza y migración aparecen interconectados, puede comportar la aparición de figuras extremas: los campos de concentración o de exterminio. Ayer fueron los campos nazis; hoy la figura emblemática es Guantánamo, la prisión “extraterritorial” que los Estados Unidos mantienen, más allá de toda consideración del derecho internacional y de la asistencia humanitaria.
En Europa existe toda una tipología, que va desde los campos abiertos y los centros de detención hasta las temidas zonas de “espera” en comisarías, puertos y aeropuertos, que preceden a la expulsión inmediata (como sucede en Francia y España). En cada lengua cuentan con una denominación propia: en España son “Campos de internamiento para extranjeros”, en inglés “Transit Processing Centre” y en italiano, hasta que llegó Berlusconi, “Campos de permanencia transitoria” (CpT), hoy rebautizados “Centros de Identificación y Expulsión”.
En Italia hay 17 centros, que combinan la función de asistencia, de filtro y de expulsión. El más famoso es el de la isla Lampedusa, donde van a parar los inmigrantes que vienen desde el norte de Africa, en naves precarias, siempre en manos de traficantes inescrupulosos. Sobre este campo pesan una serie de denuncias de irregularidades y violaciones. En 2004, el Parlamento de la Corte europea y el Alto Comisariado de la ONU, solicitaron a Italia respetar el derecho internacional de asilo y abstenerse de recurrir a realizar expulsiones masivas a Libia,  que no reconoce el derecho de asilo. Así, para muchos de estos inmigrantes, que huyen de las guerras, el repatriamiento no puede significar sino la tortura y la muerte (como ya sucedió en Egipto, Túnez y Libia). Asimismo, pesan graves denuncias contra los centros de internamiento españoles, cuyas condiciones de detención parecen asemejarse a cárceles de máxima seguridad.
En estos días el ministro del interior de Italia, Roberto Maroni, también anunció que los campamentos gitanos serán cerrados: los gitanos italianos podrán salvarse; los comunitarios (léase, los rumanos) serán recluidos en los centros de internamiento por tres meses; para el resto, solo se prevé la expulsión. Luego de largas idas y vueltas, se decidió que el ejército podrá patrullar las calles y que Milán podría ser la primera ciudad en la que se implementaría. Y por si fuera poco, Maroni anunció  el “fin de las zonas francas” en una medida que apunta explícitamente a los centros sociales, que desarrollan una rica actividad sociocultural desde hace años en locales ocupados, y son el lugar de militancia por excelencia de la izquierda autonomista, crítica de la globalización neoliberal y sin vínculo con partidos políticos.
Mientras tanto, las costas del Mediterráneo hoy son un verdadero cementerio de inmigrantes. Hace unos días se supo que 40 inmigrantes, en su mayoría egipcios, murieron ahogados cuando navegaban hacia Italia. El domingo pasado ocurrió un hecho similar, cuando una embarcación chocó contra un gigantesco atunero, frente a la Costa de Malta, dejando un saldo de seis muertos, de origen somalí. Los sobrevivientes fueron enviados al Centro de Lampedusa, luego de lo cual serán relocalizados en otros centros, paso previo a la expulsión.
La existencia de estos campos de detención revela no sólo la dimensión de la migración como tragedia humanitaria a escala mundial, sino la escalada inédita de dispositivos de control y de castigo, violatoria de los derechos humanos, ejercidas por los países europeos, en su voluntad por erigir a cualquier precio “un muro contra la inmigración clandestina”.

Publicado en Crítica