En la elaboración de 15 mitos de la megaminería transnacional participaron geógrafos, especialistas en ciencias ambientales, abogados, sociólogos, analistas del discurso, economistas y periodistas del colectivo Voces de Alerta, surgido en 2009 luego de que un investigador argentino “dio a conocer hallazgos que tienen graves implicancias en la salud pública”, relacionados con el glifosato, a partir de lo cual “se desencadenó un debate que puso de relieve el poco espacio que queda para la autonomía y libertad científica”, se afirma en el prólogo.

Svampa es licenciada en filosofía, doctora en sociología e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. En su charla del miércoles, ante el frío reinante en la sala de actos, prefirió concentrarse en los seis o siete mitos más representativos. Aclaró que las críticas de la publicación no se dirigen a la minería no metalífera -como la que produce sal de mesa, piedra caliza, arena- tradicional en Argentina, sino a la minería metalífera realizada a gran escala, generalmente a cielo abierto y a cargo de empresas transnacionales. Precisó que con el progresivo agotamiento de los metales en forma de veta que se hallaban de manera subterránea, los capitales se expandieron hacia territorios antes considerados improductivos. Indicó que este tipo de emprendimientos arribó a Argentina en la década de 1990 y que actualmente existen diez proyectos de explotación minera y otros 400 están en fase de exploración.

Desde el punto de vista ambiental, las principales críticas del colectivo refieren al empleo de sustancias químicas como cianuro, ácido sulfúrico y mercurio para obtener cobre, oro y plata, a la utilización de explosivos para volar montañas, al alto consumo hídrico y energético, a las áreas de depósitos estériles y a los “pasivos ambientales” resultantes de las extracciones. En el plano económico, el texto señala que la minería transnacional se desarrolló con las reformas neoliberales de la década de 1990, con el ingreso masivo de inversiones extranjeras directas y exoneraciones tributarias, provocando no sólo una concentración sino también una “reprimarización exportadora del aparato productivo regional”. Con esto último el grupo descarta el mito de que “la minería es un ‘motor de desarrollo’ que impulsa la economía nacional”.

Empleo y desarrollo

Svampa señaló que la generación de puestos de trabajo es el principal “caballito de batalla” de las mineras transnacionales. La publicación tiene un cuadro que muestra que en 2006, en Chile, el sector minero participó en 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y que, sin embargo, sólo empleó 0,8% del total de activos; en Argentina en ese mismo año el sector representó 2% del PIB y 0,06% de empleos. La investigadora mencionó que en Perú la minería emplea a 1,5% de la población económicamente activa, contra el 32,7% de la agricultura y el 26% del sector servicios.

Los autores destacan que proporcionalmente la minería a pequeña escala produce mayor empleo. Por otra parte, citan un estudio en el que se menciona que, según la Organización Internacional del Trabajo, “entre 1995 y 2000 la tercera parte de los trabajadores mineros en los 25 países de mayor producción de minerales perdieron su trabajo. La razón principal: la introducción de tecnologías que desplazan mano de obra”.

En el texto se estampa una publicidad de 1994 del gobierno de la provincia de Catamarca, situada en el noroeste argentino, que anunciaba que la minera Alumbrera (que se instaló en 1997 para la extracción de oro, cobre y alumbre) generaría la ocupación directa de 10.000 personas. En cambio, los autores afirman que durante la fase de construcción de la mina se crearon 4.000 puestos directos y que, “según la página de la empresa, en el yacimiento minero trabajan actualmente 1.800 empleados: 800 puestos de planta permanente y un promedio de 1.000 contratistas”.

Respecto a los trabajos indirectos, los autores desestiman su incidencia porque la mayor parte de la maquinaria e insumos son importados y porque los minerales, que se exportan básicamente como materia prima, no generan mayor cantidad de empleos en la etapa posterior a su extracción.

Por otra parte, el grupo señala que para procurar su “legitimación social” las mineras afirman que se instalan en “territorios vacíos” o en “zonas postergadas” en las que se minimiza, por ejemplo, la importancia de la agricultura. Afirman que se trata de una “estrategia de devaluación” del territorio para dar a entender que la minería es “la única posibilidad de elevar el nivel de vida” y que los estudios de impacto ambiental suelen minimizar que la actividad compite por tierra y recursos hídricos con la agricultura, la ganadería y el turismo. “Tras 14 años de explotación de Bajo de la Alumbrera, el primer emprendimiento megaminero radicado en el país, el paisaje socioeconómico de la provincia [de Catamarca] no ha cambiado favorablemente, sino todo lo contrario: se evidencia la intensificación de preocupantes indicadores ‘sociales’, con niveles de pobreza e indigencia, de desempleo y subempleo, y con porcentajes de población ‘asistida’ a través de los diversos ‘programas sociales’ de los más altos del país”, sostiene la publicación, e indica que en el primer semestre de 2010, 12% de las personas en Argentina vivían bajo la línea de pobreza y que en el Gran Catamarca el valor se elevaba a 20,9%.

Derechos humanos y democracia

Los autores sostienen que cada proyecto minero de envergadura ha suscitado conflictos sociales en las poblaciones, y cita los casos de Catamarca, Esquel, San Juan, La Rioja, Mendoza, donde, según Svampa, ha habido una “criminalización de la lucha, una judicialización de los conflictos y una violación de los derechos ambientales”.

El colectivo afirma que “no son pocos los casos” en los que “los dispositivos institucionales de los cuales se dispone (consultas públicas, legislación provincial, nacional e internacional, audiencias) tienden a ser manipulados, a fin de forzar una ‘licencia social’ que es negada por las poblaciones” y entre otros ejemplos se menciona que Esquel, en 2003, fue el único lugar donde pudo hacerse un plebiscito (81% rechazó el proyecto de megaminería): “Posteriormente se suspendió en tres oportunidades un plebiscito en Calingasta (San Juan), dos veces en Tinogasta (Catamarca) y en 2010 en Andalgalá (Catamarca) [donde está La Alumbrera]. La razón que aducen para tal rechazo es que los recursos naturales son de dominio originario de las provincias y como tal, las localidades no pueden decidir sobre el tema”, dice el texto.

Svampa indicó que en países que tienen una escasa tradición (todos los de América Latina exceptuando a México, Perú, Chile y Bolivia) las empresas transnacionales contratan a profesionales para “legitimar el modelo resistido por las poblaciones”. A fines de 2008 el ofrecimiento de dineros de La Alumbrera a universidades públicas argentinas (ocurrida luego de que el vicepresidente de la empresa, Julián Rooney, fuera procesado por delito ambiental) desató una ola de debates en la vecina orilla, dividiendo las aguas en el mundo académico. Algunas aceptaron los fondos, otras no.