Regresión política y poder económico

Vivimos en una sociedad en la que los riesgos e incertidumbres causados por la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado producen daños sistemáticos e irreversibles en los ecosistemas, que afectan y amenazan los territorios y la reproducción de la vida.

La conciencia cada vez mayor de esos riesgos e incertidumbre explica porqué aquellos debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas, hoy adquieren un sentido social y político más amplio, convirtiéndose en cuestiones de interés colectivo, que involucran a la población en general y, sobre todo, a las comunidades afectadas, las cuales buscan abrir el espacio de participación ciudadana.

Nada de esto es fácil, ya que de modo recurrente la clase política se opone a tales procesos. Un ejemplo escandaloso de esto último es lo ocurrido en la provincia de Chubut.

El martes 25 de noviembre la legislatura de esa provincia debía votar positiva o negativamente por una ley de iniciativa popular contra la megaminería, que impulsaba la población, y que contaba con el aval de 13.007 firmas (más del 3% del padrón electoral, según exige la Constitución provincial). Las posibilidades de que este proyecto de ley fuera aprobado eran importantes. La intensa movilización social, el hecho de que Esquel fuera pionera en la lucha argentina contra la megaminería, la argumentación ambiental que sustentaba dicho proyecto y el convencimiento de que cada vez se hace más difícil imponer verticalmente la megaminería, habían persuadido a una parte no menor de la dirigencia política chubutense en favor de la misma. Además, se agregaba que, por primera vez, se aplicaría un mecanismo de democracia semidirecta, previsto constitucionalmente.

Unas semanas antes de la votación, el lobby de la minería transnacional activó la alerta y desarrolló una agresiva campaña mediática, buscando asustar a la población acerca de las consecuencias de esta ley, tratando de “ignorantes” a amplios sectores de la sociedad chubutense, o bien, insistiendo en que no había habido “debate” sobre el tema minero.

Lo cierto es que en Chubut el debate sobre la megaminería se viene dando desde 2002, lo cual se vio reflejado en la consulta pública realizada en Esquel, en 2003, refrendada luego por la ley provincial 5001, que prohíbe la megaminería con sustancias tóxicas. Era esa ley la que la iniciativa popular presentada ahora buscaba complementar.

Sin embargo, ese día de noviembre, en lugar de tratar el proyecto de la ciudadanía, el Frente Para la Victoria junto con aliados del Partido Justicialista, impulsó otro proyecto de ley, con el mismo nombre, muy diferente (en su letra y en su espíritu), que distorsionaba claramente el sentido propuesto por la iniciativa ciudadana, abriendo las puertas a la posibilidad de la megaminería en Chubut.

Hasta ahí los hechos tienen que ver con la manipulación de la voluntad popular por parte de una clase política autocentrada, que rechaza o bastardea los legítimos mecanismos participativos de la democracia, para convertirlos en letra muerta. Pero lo que sucedió en Chubut fue algo más, algo que grafica de modo incontestable la regresión institucional en nuestro país y habilita la derogación o el veto de la ley aprobada. Pues al día siguiente se difundió una foto de un diputado del PJ, Gustavo Muñiz, que responde al FPV, quien en plena sesión legislativa recibió mensajes en su teléfono celular con instrucciones sobre la redacción de la ley aprobada, por parte de un Gerente de la transnacional minera Yamana Gold.

La fotografía es inobjetable e ilumina aquello que es uno de los grandes signos de nuestra época: las relaciones cada vez más explícitas –alguien diría “carnales”- entre poder político y grandes compañías transnacionales.

Claro que hay otros ejemplos recientes: en agosto de 2013 la legislatura neuquina aprobó el convenio firmado entre YPF y Chevron, que contiene cláusulas secretas, disposiciones que ni los diputados del oficialismo provincial y nacional conocían, pese a lo cual obedientemente levantaron la mano.

Hay que leer lo ocurrido en la provincia de Chubut en clave nacional. Si, como argentinos, no queremos que en nuestro país la clase política termine siendo hablada y manipulada desde el poder económico, y la ciudadanía caiga fundadamente en el peor de los descreimientos frente a la institucionalización del fraude, buscando otras vías de resolución de los conflictos, debemos pensar en el modo de garantizar la transparencia del sistema democrático y la necesaria democratización de las decisiones.

Diario Clarín