Cromañón, Once y la precaridad de la vida, por M. Svampa, Perfil, 07/03/2012

http://www.perfil.com.ar/ediciones/2012/3/edicion_656/contenidos/noticia_0062.html

 

La precariedad no es algo nuevo en Argentina, pero expandió sus fronteras en los 90, bajo el neoliberalismo: mayor incertidumbre y riesgo laboral, condiciones indignas de trabajo, enorme deterioro de los servicios y grandes ganancias empresariales son algunos de sus rasgos.

Los peligros de la precariedad fueron potenciados por la corrupción, tal como aparece dramáticamente ilustrado por diferentes hechos luctuosos que jalonan nuestra historia reciente: desde el “accidente” de LAPA (1999), pasando por la “masacre” de Cromañón (2004), la “tragedia” de los estudiantes del colegio Ecos (2006), y ahora los 51 muertos y más de 700 heridos de la estación ferroviaria de Once.

Se trata de hechos que conmovieron a la sociedad y conllevaron el surgimiento de organizaciones y movimientos sociales de familiares de las víctimas, que reclaman justicia, e interpelan de diferentes maneras al conjunto de los poderes públicos.
Más allá de las diversas formas de “nombrar” los hechos en sí (“tragedia”, “desastre” o “masacre”), estos movimientos de damnificados conceptualizan lo sucedido como algo más que un accidente, una desgracia o catástrofe producida por la negligencia y la imprudencia.

Antes bien, todos destacan que se trata de hechos criminales, evitables y no casuales, que remiten a una oscura trama de complicidades y aquiescencias, que engloba tanto a los agentes privados como al Estado; esto es, remiten a responsabilidades políticas, en sus diferentes niveles y jurisdicciones.
Frente a estas demandas, la respuesta de los gobiernos ha sido espasmódica, con políticas de corto alcance, a fin de frenar la presión de los familiares de las víctimas así como la indignación de la sociedad.

En no pocas ocasiones, esas respuestas apuntaron –hasta donde era posible– a clausurar las posibilidades de justicia, instalando la impunidad como marca. En otros, hubo avances sustanciales, como en el caso de Cromañón.
Pero, por su gravedad, lo sucedido en la estación ferroviaria de Once vuelve a iluminarnos sobre la significación de la vida precaria en nuestro país.

Si la precariedad implica vivir en una condición de incertidumbre constante, cuando es potenciada por la corrupción, ésta va configurando una matriz criminal que transforma a las personas en cuerpos sacrificables o desechables, en función del lucro o la ganancia fácil.

Cromañón y lo sucedido en Once dan cuenta del carácter sacrificable de los cuerpos, que golpea de modo desigual; esto es, a los sectores más vulnerables, jóvenes y clases trabajadoras, pertenecientes a los sectores populares y medios.
Vista desde esta perspectiva, la noción de “sacrificio” recorre también la problemática de la megaminería, donde son los territorios los que aparecen en primer lugar como desechables, en función de la rentabilidad y la mercantilización, lo cual posteriormente repercute y tiene efectos visibles sobre los mismos cuerpos.

Los puentes no son casuales: tanto la megaminería a cielo abierto, hoy tan cuestionada por las poblaciones de diferentes provincias, como el estado del sector ferroviario, tan criticado y denunciado desde diferentes sectores, desnudan el sistema de alianzas económicas del Gobierno y ponen en entredicho su relato progresista.

Pese a todas estas evidencias, no deja de sorprender que la Presidenta, lejos de tomar nota de los reclamos sociales, en el discurso de inauguración del año parlamentario, haya defendido de modo tan encendido la política de subsidios a las empresas así como también la megaminería. Nada en ese discurso apunta a abrir un verdadero debate sobre estas cuestiones y mucho menos, deja entrever una propuesta de cambio.